Sun-AEE
VILLAHERMOSA, Tab.- Los diputados de la Legislatura local fracasaron en su intento por aprobar una nueva norma jurídica para las elecciones locales de octubre de 2003, al concluir ayer un segundo periodo de sesiones y tanto la bancada del PRI, como las del bloque opositor, PAN, PRD y PT, se culparon mutuamente de esa responsabilidad.
Ayer era el último día que se tenía de plazo para que el Congreso local aprobara una reforma electoral y la enviara al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, pero resultó imposible al no lograr salvar las posturas encontradas de ambas partes sobre el contenido del nuevo Código y de la Ley de Medios de Impugnación.
En conferencia de prensa, los diputados perredistas, panistas y petistas, acusaron a la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de negarse aceptar las candidaturas comunes, así como la nulidad de casillas y de la elección de gobernador, diputados y alcaldes, en caso de incurrir en acarreo, compra y cooptación del voto, así como la violación al tope de gastos de campaña.
El líder de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvestre Alvarez Ramón, reiteró que el PRI “secuestró” la reforma electoral por negarse aceptar que se incluyeran esos puntos, y dijo que se le impidió al tricolor su pretensión de redistritar electoralmente a su conveniencia la entidad.
Al malograrse una nueva norma electoral, los comicios para renovar los 17 ayuntamientos y la propia Cámara de Diputados a efectuarse el tercer domingo de octubre próximo, se organizarán con la misma ley “madracista” vigente e impugnada por la oposición desde 1997.
Por ello también, de persistir la pugna entre las bancadas del PRI y del bloque opositor, serán los mismos consejeros electorales -también designados desde 1997 por el ex gobernador Roberto Madrazo- los responsables de organizar los comicios, no obstante que presentaron sus renuncias al Congreso local, pero con la condición de que se realizara la reforma electoral. Para la designación de nuevos consejeros se requiere la votación de las dos terceras partes de los diputados, que sólo puede lograrse con la suma de diputados del PRI y PRD.
El secretario de Gobierno del estado, Jaime Lastra Bastar, quien acudió a la clausura del segundo periodo de sesiones, se negó a opinar sobre la ineficacia del Congreso del estado para lograr una nueva legislación electoral y dijo que en el caso del gobernador Manuel Andrade, sí cumplió cuando le solicitaron su intervención para que los consejeros dimitieran “condicionadamente” a sus cargos.
Por su parte, el líder del Congreso local y de la bancada priísta, Florizel Medina Péreznieto, respondió “especialmente el PRD” de que insiste en acusar al PRI de obstaculizar la democracia y ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de nuestro instituto político, de cara a las elecciones del 2003.
En una declaración conjunta efectuada con el líder estatal del PRI, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, aseguró que lo que la oposición pretendía era modificar la ley a su antojo para tomar ventaja tramposa e ilegal en las futuras elecciones.
La figura de candidaturas comunes que querían el Partido Acción Nacional (PAN), PRD y Partido del Trabajo (PT), afirmó, no está considerada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y el Congreso de la Unión la desechó por ser violatoria del artículo 41 de nuestra Carta Magna, ya que es una figura que genera iniquidad política, jurídica, electoral y financiera, y aleja a los procesos de una real competencia político-electoral.
“Que no se confundan ni quieran confundir al pueblo. El PRI no se opone, no se ha opuesto, ni se opondrá, a que la oposición en Tabasco pueda tener candidatos surgidos de coaliciones o alianzas entre partidos; a lo que nos hemos opuesto y nos opondremos siempre es a las ventajas amañadas que se esconden detrás de las candidaturas comunes que propone el PRD”, advirtieron los priístas.
Medina Péreznieto y Madrazo Martínez de Escobar argumentaron que con candidaturas comunes, los candidatos postulados por un sólo partido quedan en desventaja desde el momento mismo de su registro, ya que los candidatos comunes tendrían un mayor número de representantes ante el órgano electoral y en las mesas de casillas, de acuerdo con el número de partidos que lo postulen.
También adujeron que iban a poder utilizar la estructura electoral de cada partido que lo apoye y también iban a tener para sí varios montos para gastos de campaña, de acuerdo al número de partidos que lograran aglutinar.
“Y por si fuera poco, si hubiéramos permitido como partido esta aberración democrática, el nombre del candidato común hubiera aparecido en la boleta electoral tantas veces como partidos lo postularan, lo cual representa una clara iniquidad en la competencia”.
La intención del PRD es evidente: conformar un bloque opositor que, aun cuando carezca de afinidad ideológica, pueda enfrentarse al PRI en las elecciones del 2003, porque sabe que sus votos no le son suficientes para vencer al priísmo tabasqueño, refirieron.
Hasta el pasado 15 de noviembre los diputados lograron el consenso, al reformar la Constitución, con la aprobación de la creación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; la reducción de nueve a siete el número de los consejeros electorales y su elección sucesiva; la instalación permanente del Tribunal Electoral del Estado y su Ley Orgánica; la creación de las figuras de referéndum y plebiscito, así como la de participación ciudadana; y la ampliación del número de representantes populares en la Cámara de Diputados de 31 a 35.