La Jornada
San Cristóbal de las Casas, Chis.- En medio de una creciente tensión y conflictos que tan sólo en el último mes han dejado cuatro zapatistas muertos y decenas de lesionados, este lunes 2 de septiembre se cumplen seis años de la suspensión del diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista .
El obispo emérito Samuel Ruiz García, el sacerdote Gonzalo Ituarte y el secretario de Pueblos Indios, Porfirio Encino coincidieron en que si las negociaciones entre las partes se hubieran reanudado, la tensión y los conflictos en las comunidades de la llamada zona de conflicto habrían disminuido y el derramamiento de sangre se hubiera evitado.
Prevalece deterioro
Según Ruiz García, quien fuera presidente de la autodisuelta Comisión Nacional de Intermediación (Conai), la situación de “deterioro” que prevalece en este momento en las comunidades de la región, podría superarse con un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales en contra de las reformas indígenas que aprobó el Congreso de la Unión en abril de 2001.
“En este momento no se dan condiciones (para el diálogo), la situación está deteriorada y las expectativas son que pueden restituirse a su verdadero sendero.
los cauces de la ley (indígena) que había sido propuesta y que esto pueda traer una distensión”, declaró en breve entrevista en esta ciudad.
Recordó que miembros de la sociedad civil que se reunieron en esta ciudad del 5 al 7 de julio pasado, “tomaron una actitud de corresponsabilidad histórica y esto hay que anotarlo”.
—-¿Esto ha tenido algún efecto positivo? —- Sí claro, porque la gente se ha comprometido no decir que las cosas las tienen que hacer otros sino que las tiene que hacer cada quién.
Estrategia de resistencia
Por separado, Encino Hernández afirmó que la tensión prevaleciente en varios municipios de la selva Lacandona se debe en gran medida a que las bases de apoyo de la guerrilla zapatista, a través de los municipios autónomos, han “endurecido su posición como parte de su estrategia de resistencia” en protesta por la aprobación de las reformas indígenas que no satisfacen sus expectativas.
Agregó que los distintos conflictos agrarios e ideológicos entre organizaciones sociales y las bases del EZLN en Ocosingo y Altamirano principalmente, también tienen que ver con el “reacomodo de fuerzas y el control territorial” en la zona.
En cambio, para el sacerdote Gonzalo Ituarte, quien se desempeñó como secretario técnico de la Conai, el “impresionante deterioro y las tensiones”, se deben a la falta de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN.
“El cierre de la vía política durante este tiempo por parte del Estado mexicano ha hecho que esto se congestione y tense el ambiente, que se profundice la resistencia zapatista, impidiendo la solución de otros problemas”, abundó el ahora párroco de Ocosingo.
Y precisamente a seis años de la suspensión del diálogo, un actor más, que no nuevo, ha sobresalido en los hechos de sangre de las semanas recientes: La priísta Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que dirige el diputado local Pedro Chilín Jiménez y a la cual los municipios autónomos señalan como “paramilitar”. A raíz de las denuncias esta agrupación está siendo investigada por la Procuraduría General de la República .
Cinco condiciones
El asunto de los paramilitares y su desmantelamiento tiene que ver con una de las cinco condiciones que hace seis años puso el EZLN para regresar a la mesa del diálogo, pero Encino Hernández, quien antes de ser secretario de Pueblos Indios fue dirigente de organizaciones prozapatistas de Ocosingo y Altamirano, señaló que la actuación en la materia corresponde a la Federación.
“Muchas organizaciones civiles piden castigo a los paramilitares (...) sabemos que hay denuncias pero no hay comprobación de donde se desarrollan, no hay un investigación exhaustiva, se dice en lo general que existen pero no hemos detectado dónde están; que los gobiernos anteriores los formaron y apoyaron; que ante la falta de apoyo del actual gobierno estatal solitos se están desarticulando, hay una descomposición entre ellos. Insisto: No hay pruebas de dónde entrenan y tienen sus cuarteles y ninguna organización ha dicho aquí están operando, aunque hay denuncias de que existen”.