Cuando se leen y escuchan los puntos de vista de quienes se oponen a la participación de la inversión privada en la industria eléctrica, uno se percata que en vez de presentar argumentos y evidencia, se limitan a anécdotas fuera de contexto y frases demagógicas, que adornan con apelaciones al ?interés público? y la ?soberanía nacional?. En ningún lado, sin embargo, muestran porqué y en qué forma están vinculados la soberanía y el interés colectivo a la decisión de que solamente el Estado puede proveer de energía eléctrica, o para el caso, cualquier otro bien o servicio, a los ciudadanos. No podemos aceptar esas afirmaciones como dogma de fe, ni aún cuando se encuentren en la Constitución, cuyo texto es obra de personas falibles y ha sido modificado en muchas ocasiones de acuerdo a los muy particulares caprichos de los gobiernos en turno. La Carta Magna debe reflejar, es cierto, los intereses de los mexicanos, pero cuando su contenido no lo hace, es hora de cambiarlo. Y eso es lo que se necesita para superar las limitaciones que impiden que participe la inversión privada en el sector eléctrico.
Una parte importante de la confusión sobre el tema se deriva, precisamente, de que el Ejecutivo no ha sabido transmitir a la ciudadanía las razones por las cuales la apertura del sector eléctrico al capital privado es en beneficio de la gran mayoría de los mexicanos, mientras que quienes se oponen a ella crean todo tipo de distracciones al respecto. Entender mejor el tema es crucial para hacer una discusión inteligente sobre el mismo. Por eso considero que el punto de partida es distinguir entre la participación de empresas privadas en el sector eléctrico y la apertura del mercado eléctrico a la competencia. No debemos confundir una cosa con la otra, ya que no necesariamente ocurren al mismo tiempo ni tienen las mismas implicaciones para los consumidores.
Primero debemos desechar el mito que han difundido hábilmente gente como Manuel Bartlett y Jesús Ortega, en cuanto a que la ?soberanía? está en juego si se modifica la Constitución para permitir la inversión privada en electricidad, aún en la forma tímida que la propuso el Presidente Fox.
Las empresas privadas participan desde hace décadas en el sector eléctrico de muchos países, como también lo hacían empresas públicas. En los últimos quince años su participación en la generación de electricidad ha crecido en muchas naciones sin menoscabo de su soberanía. En algunas como Inglaterra, Estados Unidos y Chile, generan entre el 70 y el 100 por ciento de la electricidad. En muchos otros países la inversión privada también juega un papel preponderante, como es el caso de Canadá y los países europeos, donde el proveedor eléctrico en cada miembro de la Unión Europea podrá ser una empresa pública o privada, nacional o extranjera. El capital privado ha llegado también hasta el sector eléctrico de China y Rusia.
Lo anterior confirma que, salvo México y quizá algún otro país, el resto de las naciones en el planeta, independientemente de su ideología, aceptan la participación del sector privado en la industria eléctrica. La existencia de empresas privadas generadoras de electricidad en prácticamente todos los países desarrollados y en muchos emergentes es prueba suficiente de que en ningún lado, salvo en la mente obcecada de gente como Bartlett y Ortega, se considera que atenta contra el interés público, la seguridad energética o la soberanía nacional.
La iniciativa del Presidente en materia eléctrica busca lo que es ?políticamente viable?, por lo que no contempla la apertura total del sector, ni la elección del proveedor por parte de los particulares. De ahí que la discusión sobre la competencia en un mercado eléctrico en México es académica más que práctica. No obstante, conviene conocer qué sucede en el resto del mundo para tener conciencia de lo que perdemos por la mediocridad de nuestros gobernantes. El avance tecnológico cambió el panorama del sector eléctrico al hacer posible la generación de electricidad con plantas relativamente pequeñas y eficientes y abrir la posibilidad de la competencia en beneficio de los consumidores. Por ello la gran mayoría de los países decidieron, primero unos y luego otros, que no era suficiente tener empresas privadas en el sector eléctrico, tema que nosotros todavía debatimos, sino que convenía dar el paso hacía la liberalización para que, en vez de un organismo regulador, que de cualquier manera tendrá que desempeñar una labor de vigilancia, fuese la participación de las empresas públicas y privadas en un mercado competido la que determinara las tarifas y calidad del suministro eléctrico, así como que los consumidores tuvieran la libertad de elegir a su proveedor del servicio.
Al respecto, la semana pasada comenté la liberalización del sector eléctrico en la Unión Europea y sugerí una página de Internet para quien quiera abundar en el tema, pero puse una extensión equivocada. La dirección correcta es www.eurelectric.org
En síntesis, la mayoría de los países en el mundo se encuentra ya en esta que podemos denominar segunda etapa de desarrollo de la industria eléctrica, donde además de contar desde hace tiempo con empresas privadas, ahora se busca que compitan para beneficio de sus consumidores. Nosotros, mientras tanto, nos entretenemos debatiendo si aceptamos aunque sea tímida y parcialmente la inversión privada, que en todo caso sólo sería para proveer de energía a los grandes usuarios industriales. ¿Cómo aspiramos a salir del subdesarrollo si tenemos gobernantes y legisladores que, por sus intereses particulares, se esmeran en dejarnos en él?.
E-mail:
salvadorkalifa@prodigy.net.mx