SALTILLO, Coah.—Los socios de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, no están dispuestos a seguir pagando el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) por considerarlo inconstitucional, y advierten que recurrirán al amparo en caso de que el Congreso local no acepte la derogación del citado gravamen, como lo proponen en un escrito que presentaron desde el 28 de octubre pasado a la legislatura.
Así lo establecieron ayer aquí Rubén Gonzáles Hernández, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, y el abogado de dicho organismo, Luis Alberto Durón Dévora
“No queremos pagarlo. ¿Por qué? Porque si estamos pagando una contribución, lo único que estamos haciendo es fomentar prácticas viciosas, y que se establecieran otras contribuciones en otros ramos que también contravengan la Constitución federal”, expresó el abogado de los empresarios.
La Cámara, según lo expuesto en su escrito por medio de su presidente, solicita la derogación total del Derecho de Alumbrado Público establecido desde 1977 por el Congreso del Estado en sus leyes de ingresos, porque su cobro es inconstitucional.
Expone que si bien el estado de Coahuila esta facultado para establecer cargas tributarias a los particulares, conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución; el estado también tiene la obligación de respetar el contenido de los artículos 16, 31, fracción IV; 73 y 133, del mismo ordenamiento federal.
Explica que aunque el estado lo considera un derecho, es una contribución establecida en la ley por el uso de los bienes del dominio público de la nación, o sea del ámbito federal.
Además, se agrega en la demanda, los Congresos estatales carecen de facultades para cobrar el DAP, tomando como base gravable el flujo de energía, “base que obviamente no puede ser tomada en consideración para establecer el cobro de un derecho en el ámbito estatal, porque por mandato del artículo 73 de la Constitución es facultad reservada para el Congreso de la Unión”.
Dijo que cuando menos están amparadas más de 20 empresas de Torreón, en contra del cobro del DAP, y que antes no se había recurrido a este recurso por desconocerse que los particulares pueden defenderse legalmente de esta forma.
Aclaró que la negativa de la Cámara, no tiene como fin causarle problemas al alcalde entrante, Guillermo Anaya. “Lo que se busca más que nada, es que las cosas se hagan conforme a la ley marca”.
Por su parte, dijo que el DAP ya esta contemplado en el proyecto de la nueva Ley de Ingresos de 2003, en la Sección Segunda, de los Servicios de Alumbrado, artículo 13.
Indicó que además el DAP viola el convenio de coordinación fiscal entre los estados y la federación, “donde se establece claramente que las entidades federativas no deben gravar la energía eléctrica”.
Dijo que en la misma ley de coordinación fiscal, contiene el recurso de inconformidad en caso de que los estados violen el convenio citado, “ y se señala que la misma federación descontaría sus participaciones a los estados que violen esta disposición, lo que queda establecido en el artículo 11”.