LA JORNADA
México, DF.- Senadores del PRI y el PRD consideraron que la condena a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, a quiénes un Consejo de Guerra encontró culpables de delitos de narcotráfico, debe verse como una medida para evitar la impunidad y sancionar a toda autoridad que se involucre en el comercio ilegal de drogas. Advirtieron, sin embargo, que se debe analizar la figura de “testigo protegido” en la legislación mexicana.
“Aunque los testimonios de los testigos protegidos no fueron el único elemento en que se basaron los jueces militares para declarar culpables de narcotráfico a los dos generales, deja un sabor de incertidumbre, de inquietud, el hecho de que no todos los acusadores hayan sido careados con los acusados, además de que no hay ninguna garantía sobre la fidelidad de sus dichos”, señaló el priísta José Antonio Aguilar Bodegas.
Dijo que tiene que legislarse en la materia, para decidir que tan justo es que “se combata la delincuencia con delincuencia”. Hay que valorar, insistió, que si bien se combate un delito a través de los testigos protegidos, se da impunidad a éstos que también son delincuentes”.
Con el senador Aguilar Bodegas coincidieron el también priísta Alejandro Gutiérrez y el perredista Antonio Soto Sánchez. Propusieron que haya incluso un debate nacional sobre el tema y que en base a ello el Congreso decida los ajustes requeridos a la figura de “testigo protegido” en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Es necesario definir hasta donde puede creerse lo dicho por testigos como Adrián Carrera, también involucrado en el narcotráfico y que tanto deben valer para la justicia sus acusaciones o las de otros también testigos protegidos que nunca aparecieron, preguntó el perredista Soto.
En entrevistas por separado, los legisladores coincidieron asimismo que el juicio y la sentencia condenatoria a los dos militares no demerita al Ejército Mexicano como institución, ni debe abrir de nuevo la discusión sobre la pertinencia de que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico.
“Creo que debe verse más bien como una medida para impedir que cualquier autoridad, se involucre en ese comercio ilegal de drogas. Es entonces poner freno a la impunidad, sin importar rangos ni altos cargos, para ir ganando la batalla al narcortráfico”, comentó el coahuilense Alejandro Gutiérrez. Señaló que lesionaría más que el Ejército ocultara hechos delictivos de alguno de sus integrantes, tan sólo porque su imagen no fuera dañada.
Aguilar Bodegas recalcó que es correcto combatir la impunidad y no debe pasarse por alto que fue el mismo Ejército mexicano quién inició el juicio contra Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo. “Si bien esto no deja de afectar a las Fuerzas Armadas, esto no va a cambiar el altísimo grado de respeto que tienen en el país, sobre todo si se toma en cuenta que es la misma institución la que está atenta a evitar que el narcotráfico se introduzca a sus estructuras”.
El senador priísta insistió en que la decisión tomada luego del juicio de guerra a los generales, es que “cualquier autoridad involucrada en el narcotráfico va a ser sancionada”.
El perredista Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, hizo notar que seguramente los cinco generales integrantes del Consejo de Guerra, además de los testimonios de los testigos protegidos, tuvieron todos los elementos para declarar a los militares culpables de narcotráfico. ASIC/LA JORNADA/ADV