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WASHINGTON, E.U.- Con casi siete años de retraso, las autoridades estadounidenses comenzarán a procesar las solicitudes de 130 empresas mexicanas para realizar actividades de transportación de personas y productos en territorio estadounidense, anunció el Departamento (Secretaría) de Transportación de los Estados Unidos.
La “Administración Federal de Seguridad de Automotores” (FMCSA) revisará las solicitudes de las empresas mexicanas y concederá autorizaciones provisionales de funcionamiento a las que encuentre calificadas.
Un comunicado del Departamento de Transportación puntualizó, sin embargo, que se buscará asegurar que “sólo las empresas transportistas mexicanas capaces de cumplir totalmente con las reglamentaciones de seguridad estadounidenses serán autorizadas a operar en los Estados Unidos”.
“Los vehículos y transportistas mexicanos deberán cumplir con las mismas normas de seguridad que los operadores estadounidenses”, dijo Norman Mineta, Secretario de Transportación, al señalar que la orden cumple con las obligaciones estadounidenses en el marco del Tratado Norteamericano de Libre Comercio.
“Las peticiones individuales son revisadas y tan pronto como todos los pasos gubernamentales sean completados, incluso la realización de auditorías “in situ”, los transportistas calificados recibirán permisos provisionales”, indico el Departamento de Transportación.
La dependencia precisó sin embargo que continuará en colaboración con otros departamentos, como el de Justicia y la Oficina de Seguridad Domestica, para ayudar a asegurar la seguridad de la frontera y prevenir potenciales amenazas a la seguridad nacional.
Los transportistas mexicanos que sean finalmente autorizados podrán operar legalmente en todo el territorio estadounidense y estar limitados a una franja de 20 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera entre los dos países.
El cumplimiento de la parte correspondiente a transportación fue pospuesta desde 1995, debido sobre todo a presiones y quejas de la coalición sindical AFL-CIO y del Sindicato de Transportistas, que alegaron problemas de seguridad en camiones y choferes mexicanos. Fue motivo de quejas mexicanas ante juntas internacionales de resolución de diferendos comerciales.
Los sindicatos usaron el tráfico fronterizo para mostrar lo que denunciaron como mal estado de la flota mexicana de camiones y autobuses, lo que a su vez permitió que un número de legisladores encabezados por la demócrata Patty Murray pudieran imponer hace un año una serie de condiciones para mejorar la capacidad estadounidense de realizar inspecciones.
La FMCSA debió cumplir con 22 precondiciones antes de poder comenzar el procesamiento de las peticiones mexicanas, incluso el incremento de su equipo de inspectores y personal fronterizo a 252 personas, incluso 144 inspectores, 67 auditores y 41 investigadores de seguridad. También construyó y amplió sitios de inspección a lo largo de la frontera.
Los conductores mexicanos estarán sujetos a los requerimientos estadounidenses sobre seguridad, incluso lo referente a descansos, exámenes médicos, límites en el número de horas de operación continua de vehículos, consumo de drogas y alcohol.
Igualmente, los choferes deberán tener una licencia federal mexicana de conducción de camiones y estar de hecho registrados en una base de datos electrónica a la que tendrán acceso autoridades de los dos países.