Cd. Lerdo, Dgo.- Se agudiza el problema en las comunidades rurales por la notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las norias agrícolas y de agua potable que no tienen medidor volumétrico. El día de ayer, se completaron la totalidad de los 35 pozos existentes.
Conrado Antúnez Ponce, director de Desarrollo Rural Municipal dio a conocer, que existe gran preocupación entre los habitantes de los ejidos, ya que recientemente llegaron los últimos documentos de la SHCP, por lo que todas las norias se encuentran en proceso de embargo.
La Comisión Nacional del Agua no ha mostrado interés de concertar y utilizar la mesa del diálogo, por lo que crece la intranquilidad de los habitantes del medio rural, dijo.
Existe poca voluntad de las instituciones por llegar a un acuerdo con los productores del municipio, que son sancionados y realmente no saben cuantos de esos documentos los va ejercer la SHCP.
“Todos los pozos están en esa situación, pero se ha descuidado la negociación, tanto pozos agrícolas como potables están señalados para embargo” añadió Antúnez Ponce.
Es clara –dijo- la postura de los productores al manifestar que no van a permitir que nada de la infraestructura hidráulica sea retirada.
Hasta la fecha no han dado fecha en la CNA para una reunión de trabajo con la gente del campo, pero esperan que en breve se pueda dar el acercamiento.
“Es necesario saber si existen condiciones para llegar a un acuerdo y se establezcan los mecanismos de apoyo para la adquisición de medidores volumétricos, lo cual deberá ser para todos, tanto sector social como privado” apuntó el funcionario municipal.
Dispuestos a instalar medidores
Asimismo dijo Antúnez Ponce, que de acuerdo al pronunciamiento de 1992, a la fecha deberían estar cubiertos todos los pozos con los citados medidores, pero a la fecha no se tienen.
Actualmente se calculan que 500 pozos de los 3 mil existentes en la comarca lagunera son los únicos que tienen, pero el resto ni siquiera han sido sancionados.
En Lerdo se localizan aproximadamente 159 norias y de esas 35 son del sector social, que enfrentan las notificaciones de embargo de la SHCP.
Por último mencionó el funcionario, que los ejidatarios se sienten presionados porque ven que no es parejo con todos, por eso piden un fondo federal y estatal para la instalación de los aparatos, los cuales tienen un costo aproximado de 10 mil pesos, concluyó.