“Ni los hombres nacidos en la penuria se contentan con lo necesario; la aspiración al lujo está en la naturaleza del ser viviente.”
León Chestov
Al final los ciudadanos no tenemos forma de ganar: ni siquiera cuando ganamos podemos disfrutar de los frutos del triunfo.
La Suprema Corte de Justicia decidió la semana pasada que el famoso impuesto suntuario, un 5 por ciento adicional al IVA en una serie productos seleccionados discrecionalmente por los legisladores, es inconstitucional. Esto significa que las empresas que presentaron ese amparo recuperarán el dinero que trasladaron al fisco por este concepto.
La decisión de la Suprema Corte era previsible. Desde un principio los legisladores del PRI le advirtieron a panistas y perredistas que el impuesto era ilegal ya que la Constitución establece que debe ser la Cámara de Diputados y no el Senado el que inicie cualquier legislación para un nuevo impuesto. Es verdad que se trata de una restricción absurda, pero así de incongruente es nuestra carta magna.
Pero aunque la Suprema Corte haya decidido que el impuesto suntuario es ilegal, la enorme mayoría de los ciudadanos no sólo no recibiremos de regreso el dinero que hayamos pagado sino que tendremos que seguir cubriendo el gravamen en lo que resta del año. Los amparos no tienen aplicación general: es decir, benefician únicamente a las personas o empresas que se hayan acogido a ese juicio.
La Secretaría de Hacienda tiene obligación, por supuesto, de devolverle el impuesto suntuario a aquellas empresas que ganaron su amparo. Pero los consumidores no recibirán nada. Nadie mantuvo registros de quiénes pagaron el impuesto en compras o consumos individuales. Nadie podrá ir a las tiendas o restaurantes a reclamar su dinero. Los consumidores pagaron el impuesto, pero las empresas se embolsarán su devolución.
Lo realmente inquietante es que la decisión de la Suprema Corte toca la forma y no el fondo del asunto. Los ministros no declararon inconstitucional el gravamen por su falta de generalidad, por su discrecionalidad o por sus simples tonterías. El problema fue que los inexpertos legisladores del PAN y el PRD no se tomaron la molestia de leer la Constitución para enterarse de que un impuesto nuevo no puede ser iniciado por el Senado. Mañana los legisladores podrán imponer nuevamente este gravamen, y esto es precisamente lo que están amenazando con hacer los legisladores del PRD.
El impuesto suntuario ha sido un verdadero homenaje a la ignorancia de nuestros legisladores. Es un impuesto que no ha recaudado ni con mucho lo que se estimaba. Los legisladores pensaban que obtendría 8,751 millones de pesos en el año, pero hasta octubre sólo había recaudado 1,361 millones.
El impuesto está, además, lleno de incongruencias. Castiga a una serie de productos de manera discrecional, algunos de los cuales resultan indispensables para el trabajo o la salud de las personas: como computadoras o zapatos ortopédicos. Restaurantes como los de la cadena Sanborns son considerados de lujo simplemente porque tienen una zona de bar. Los servicios de televisión por cable, que le permiten a la gente obtener una mayor diversidad de canales, son penalizados al igual que los servicios de telefonía celular. Lo mismo ocurre con algunos tipos de pescado, mientras que otros, más caros, quedan exentos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia le ha dado a los legisladores la oportunidad ideal para enterrar este engendro populista e ineficiente. Pero los perredistas afirman que van a reintroducirlo desde la Cámara de Diputados para el próximo año. La amenaza no es pequeña porque, a pesar de tener sólo el 11 por ciento de las curules, el PRD se ha convertido en un partido bisagra que impone sus criterios ante la división de los dos partidos mayores.
En este juego, como siempre, los ciudadanos perdemos. A lo largo de este año hemos tenido que pagar un impuesto insensato y ahora que ha sido declarado inconstitucional no podemos recuperar lo erogado. Si los perredistas cumplen su amenaza, por otra parte, lo tendremos que pagar nuevamente, en la forma de un IVA de 20 por ciento, el año que viene.
A los diputados, por supuesto, les da igual. Como no hay reelección en México, pase lo que pase serán reemplazados en el 2003 por una nueva camada de inexpertos legisladores. No tienen ningún incentivo para actuar con sensatez. Y se nota.
Tercer trimestre
La economía estadounidense creció 4 por ciento en el tercer trimestre de este año mientras que la mexicana lo hizo en apenas 1.8 por ciento. Esto nos debería hacer entender que el estancamiento mexicano no es consecuencia de una ya inexistente recesión estadounidense sino de nuestra incapacidad para realizar reformas estructurales.