“No hay ley que no perjudique un interés particular”. Tito Livio
Podrá uno estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Pero no cabe duda de que, en estos tiempos de transición y turbulencia políticas, es una de las instituciones que está actuando con mayor consistencia. De hecho, su desempeño pone en vergüenza a un Poder Ejecutivo y un Judicial que a veces parecen haber perdido la brújula.
Dos decisiones recientes de la Corte subrayan esta situación. Una es la que se registró este pasado viernes 6 de septiembre, y que desechó la controversias constitucionales promovidas por más de 320 municipios en contra de las reformas a la Constitución sobre derechos y cultura indígenas. La otra es la del 25 de abril de este año, que declaró inconstitucionales las reformas presidenciales al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Muchos de los grupos políticos que aplaudieron la decisión en el caso de la electricidad cuestionan ahora la que tiene que ver con los derechos indígenas. La razón es que la izquierda política del país quería que la Corte declarara inconstitucional las reformas a la Constitución en materia indígena así como consideró inconstitucional la apertura eléctrica implícita en el nuevo reglamento de electricidad.
Me parece que la Corte ha actuado como corresponde a su mandato en los dos casos, aun cuando yo en lo personal considero que la decisión en materia de electricidad es dañina para el país. La razón de ser de la Suprema Corte es verificar que se cumpla la Constitución. No le compete modificarla sino interpretarla. Y creo que eso es lo que ha hecho.
En su artículo 73, fracción X, la Constitución le reserva al Poder Legislativo la facultad de legislar en materia de energía eléctrica. El decreto del presidente Vicente Fox del 24 de mayo del 2001 abría la inversión en electricidad de manera más amplia de lo que determinan la Constitución o incluso la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 (que según la Corte podría también tener aspectos inconstitucionales). La decisión dividida de los ministros —ocho a favor y tres en contra— fue, a mi parecer, un duro golpe a la prosperidad de los mexicanos, ya que limita la necesaria nueva inversión privada en energía eléctrica y pone en duda la legalidad de casi todas las inversiones que se han hecho en generación de electricidad desde 1992. Pero entiendo que el papel de la Suprema Corte es aplicar la Constitución y no corregir los errores del constituyente.
De igual manera, la decisión del viernes pasado de la Suprema Corte sobre las enmiendas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas me parece impecable. Ocho de los 11 ministros votaron por desechar la controversia constitucional antes incluso de revisar el contenido, ya que consideraron que la Corte no es competente para revisar la “constitucionalidad” de unas enmiendas que son ya parte de la Constitución. En otras palabras, lo que está en la Constitución porque ha cumplido con todos los requisitos legales para estar ahí —dos tercios de los votos en el Congreso federal y mayorías simples en la mitad más uno de los congresos locales— es por definición constitucional.
Tres de los ministros plantearon que la Corte sí tiene facultades para revisar el contenido de una enmienda constitucional, la cual podría estar en conflicto con otras partes de la Constitución, pero concluyeron que las modificaciones en materia indígena sí eran válidas en todos sus aspectos.
Escribo este artículo cuando apenas se daba a conocer la decisión de la Corte sobre derechos y cultura indígenas. Aún no conozco ninguna reacción en los medios políticos. Pero debo suponer que algunos grupos de izquierda cuestionarán el resultado y —espero que no— la honestidad misma de los ministros. Se tratará sin duda los mismos activistas y políticos que aplaudieron el valor de los ministros al rechazar la posición del Ejecutivo en la controversia sobre electricidad.
La verdad, sin embargo, es que cada vez tiene menos sentido atacar a la Corte, la cual ha dado abundantes muestras de independencia. Los ministros están haciendo su trabajo, que es aplicar la Constitución y las leyes que emanan de ella. Si queremos transformar nuestro país lo tendremos que hacer a través del Poder Legislativo, el cual tiene finalmente la facultad de enmendar la Constitución y las leyes. No le echemos la culpa de los problema de la Constitución a una Corte que está cumpliendo cabalmente su función.
Sin solución
La ley indígena es constitucional, pero ése nunca fue el problema real. Su defecto es que no resuelve el conflicto con el EZLN, y mucho menos la pobreza y la marginación de los indígenas de México.