Aun con la decisión de reducir el cobro en el servicio de estacionómetros de 4 a 3 pesos la hora, la tarifa sigue siendo ilegal por no estar fundamentada en modificaciones al marco jurídico.
Lo anterior fue afirmado por el diputado del Partido Acción Nacional, Rubén Velasco, quien explicó que para que la tarifa del servicio de parquímetros tenga un soporte legal, deberá ser congruente con lo que establece la Ley de Hacienda de los Municipios, que fija el cobro de un peso la hora, y una multa equivalente a un salario mínimo general.
Sin embargo, los 3 pesos la hora a que se redujo el cobro del servicio de estacionómetros está por arriba de lo que marca la Ley de Hacienda de los Municipios, lo que refleja una ilegalidad por parte del gobierno municipal, reiteró el legislador.
Dijo que es incongruente que el gobierno municipal, por un lado haya decidido acatar la Ley de Hacienda de los Municipios en lo que se refiere al monto de las multas, y reducir del equivalente a 4 salarios mínimos generales a uno, como lo estipula el ordenamiento, y por el otro argumente que la tarifa de 4 pesos y ahora 3 tenga fundamento legal en la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente al 2002, y haga caso omiso de la otra que tiene supremacía.
Una ley general está por arriba de una particular, como es el caso de la de Hacienda, que es de alcance estatal, sobre la de Ingresos del municipio de Durango. Entonces no está en discusión la supremacía.
En virtud de lo anterior, la tarifa del servicio de estacionómetros que se debe aplicar es la que marca la Ley de Hacienda de los Municipios: Un peso la hora y multa del equivalente a un salario mínimo general.
En opinión de Velasco, lo mejor es que el gobierno municipal se hubiera esperado hasta enero del 2003, una vez que se haya promovido la iniciativa de ley para reformar la Ley de Hacienda de los 39 municipios, y aprobado su presupuesto de ingresos para el 2003; al ser subsanados ambos pasos, entonces sí existiría el soporte legal para la tarifa de 3 pesos la hora.
Lo peor, indicó, es que los diputados del PRI avalan tal ilegalidad, cuando “los legisladores somos los primeros que estamos obligados a cumplir con los ordenamientos legales”.