Desde ayer y hasta el lunes próximo, la fama pública de 38 magistrados y jueces federales está expuesta al escrutinio de la sociedad. Se inscribieron, junto a tros muchos miembros más de tribunales de circuito y juzgados de distrito, en busca de ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal, que quedará vacante al concluir este mes. La lista de sus nombres se publicó el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación y en cuatro cotidianos de circulación nacional “a fin de que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, cualquier persona pueda formular por escrito, de manera fundada, comedida y respetuosa, las observaciones y objeciones que estime pertinentes...las que podrá presentar en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) apoyándolas, en su caso, con prueba documental, lo que será tratado en forma confidencial”.
La Suprema Corte, que ha emitido esta convocatoria, busca que la designación que debe hacer en los próximos días no recaiga en un funcionario judicial marcado por algún lastre. Y es que las responsabilidades del Consejo al que se integrará la persona nombrada son de gran importancia y no debe permitirse que por ignorarlo los ministros se incorpore a ese órgano a quien no lo merezca.
El Consejo es una institución nueva en el Poder Judicial de la Federación. Lo creó la reforma constitucional de 1994 que modificó también la estructura y el funcionamiento de la Suprema Corte. El artículo 100 dispone desde entonces que ese órgano se encargue de la administración, vigilancia y disciplina de ese poder, con excepción de la Suprema Corte de Justicia que, en cambio, ahora participa en la designación de sus miembros. Al principio no ocurría así: los tres miembros de la judicatura presentes en el Consejo respectivo eran designados mediante insaculación, procedimiento riesgoso pues el azar no debe sustituir al examen de una trayectoria. La Corte consiguió en 1999 una reforma a la reforma, a fin de que su pleno designe a los tres consejeros, facultad que se puso en práctica en julio de ese año.
Uno de los tres nombrados, José Guadalupe Torres Mendía, fue designado para un término que concluye el 30 de noviembre y es preciso sustituirlo. Para ese fin, la Corte emitió el 21 de octubre una convocatoria, dirigida a magistrados y jueces interesados en ser designados para ocupar ese cargo, para presentar su solicitud en los cinco días hábiles siguientes, plazo que concluyó el 28 de octubre. El pleno de la Corte estudió la documentación y determinó que 38 solicitantes han satisfecho los requisitos. Sobre ellos se pide que el público en general, aunque de modo especial los integrantes del foro, que por su dedicación profesional los conoce, digan lo que les parezca pertinente. Las observaciones no tienen valor legal por sí mismas, pero es obvio que si la designación recayera en una persona objetada con pruebas y los ministros de la Corte pasaran por alto la objeción, se expondrían a una reprobación pública por su desaprensión, lo mismo que si nombraran a quien no satisfaga los requisitos que la ley establece.
Por supuesto que el llamado a opinar e informar sobre los candidatos a la consejería abre el riesgo de la difamación o por lo menos de la descalificación infundada. Por ejemplo, ya se dice que la del magistrado Julio César Vázquez-Mellado García, director del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial es una de “tres candidaturas en duda”. Se pretende en una información periodística de un diario capitalino del 19 de noviembre, que por desempeñar ese cargo, estaría imposibilitado de informar sobre su desempeño como juzgador en los últimos cinco años. Pero del texto de la convocatoria se desprende claramente que los ministros de la Corte quieren conocer los resultados de “los últimos años de ejercicio”, los del último lustro en que realizó su tarea el aspirante de que se trata, no de 1997 para acá. De otra manera, Vázquez-Mellado García y los dos magistrados que se dice padecen la misma insuficiencia —Luis María Aguilar Morales y Guillermo Antonio Muñoz Jiménez— no hubieran sido enlistados entre quienes cumplieron los requisitos.
La designación del nuevo consejero cuyo nombramiento corresponde a la Suprema Corte quizá haga recordar al Senado de la República que hace más de un año ha descuidado su deber de designar uno que le corresponde. El Consejo de la Judicatura, encabezado por el presidente del tribunal constitucional, se forma con seis consejeros: los tres nombrados por la Corte, uno designado por el Ejecutivo y dos más por el Senado. En julio de 1999 esa Cámara nombró a los doctores Manuel Barquín y Enrique Sánchez Bringas, pero éste falleció dos años después, el 27 de julio del 2001. Desde entonces esa posición está vacante.
Es reprochable que los senadores expresen de ese modo su desaire a un órgano que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial Federal. Es cierto que tratándose de un cuerpo colegiado sus funciones no sufren menoscabo formal por la falta de uno de sus integrantes. Pero si la Constitución prevé que el Senado nombre dos consejeros, ha de nombrar dos consejeros y colmar la vacante causada por la muerte de Sánchez Bringas. Tal vez se ha intentado suplir esa ausencia y no se han conseguido los consensos respectivos, pero 15 meses son muchos meses para no realizar la tarea. Y no sólo aquí hay omisión senatorial.