Con el objetivo de dar transparencia y garantizar el eficaz ejercicio de los recursos públicos, durante el último año, el gobierno que encabeza Ángel Sergio Guerrero Mier aplicó acciones de seguimiento, control, fiscalización y auditoría, al gasto de 4 mil 858 millones 456 mil 318 pesos, cifra revisada sin precedentes en la historia de Durango.
Lo anterior fue dado a conocer ayer por el titular de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, Juan Manuel Flores Álvarez, al reunirse con los representantes de los medios de comunicación para comentar las acciones de fiscalización y orientación realizadas del primero de septiembre del 2001 al 30 de agosto del 2002, en el contexto del IV Informe de Gobierno que rendirá el 12 de septiembre el jefe del Ejecutivo estatal.
Para fundamentar que el monto que se revisó es importante, el Contralor hizo un comparativo de las cifras registradas a partir del año de 1999 en que fueron 687 millones 686 mil pesos, los que fueron sujetos de verificación en su ejercicio; en el 2000, la cantidad se elevó a mil 34 millones 356 mil pesos; en 2001, subió a 2 mil 294 millones 996 mil pesos, y ahora en el período de que se informa creció a los 4 mil 858 millones 456 mil pesos.
Dijo que con tales cifras, el gobierno de Guerrero Mier es congruente con su objetivo de ?trascender en la historia de la entidad, entre otros aspectos, como una administración que se caracterice por su honestidad, transparencia y legalidad?.
Apoyado en transparencias, y acompañado de su equipo de colaboradores, Flores Álvarez desglosó las acciones realizadas:
FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
Afirmó que se reorientaron las acciones al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, control y fiscalización de los recursos públicos, con el propósito de garantizar el máximo aprovechamiento de los mismos y asegurar su utilización con el mayor rigor, transparencia, honestidad y legalidad.
Se realizó revisión técnica-financiera de 2 mil 519 obras de los diversos ramos y programas financiados con una inversión de mil 203 millones 352 mil pesos, relacionados con los programas: Ramo 20, Desarrollo Social; 250 microrregiones; Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Ramo 23; Provisiones Salariales y Económicas; Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades y Municipios; Desarrollo Turístico; Fondo Nacional de Desastres Naturales, y de la CNA, APAZU y el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
Derivado de las auditorías que se realizan a la obra pública, se desprenden observaciones y recomendaciones correctivas y preventivas, mismas que las dependencias, entidades y ayuntamientos solventan en el plazo acordado, en estricto apego a la normatividad, fortaleciendo los controles internos y en aquellos casos en que persistió la inobservancia a las disposiciones normativas, se promovieron las sanciones administrativas y/o penales, como fueron los casos de los municipios de San Juan del Río, Simón Bolívar, Tlahualilo y Nazas.
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
Informó que se realizaron 38 auditorías a las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Secretaría de Salud; Secretaría de Educación, ICED, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Sistema Estatal de Telesecundarias, IDEA, Dirección de Pensiones, Dirección de Turismo y Cinematografía, Fideicomiso de Pago a Ahorradores Afectados, Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario, Fundación Produce, Tecnológico de Santiago Papasquiaro e Integradora Estatal de Productores Agropecuarios.
De las auditorías practicadas se revisó un monto de 3 mil 655 millones 103 mil pesos, lo que dio como resultado un 0.98% de observaciones de tipo administrativo, que motivaron recomendaciones en los procedimientos respectivos.
De las 784 observaciones de tipo administrativo, se han solventado 744, que representan el 95%, quedando pendientes 40, que corresponden al 5%, del total.
INTERROGANTES QUE PLANTEA LA FISCALIZACIÓN
En las acciones de fiscalización, se considera lo siguiente: ¿Las obras y los programas se llevan conforme a lo planeado, programado y presupuestado?, ¿se logran los objetivos y metas que se aprobaron en los programas y presupuestos?, ¿se aplica el recurso de manera correcta y oportuna? Si la normatividad exigía concurso público, ¿se hizo la licitación cumpliendo las disposiciones legales? ¿Las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y suministros corresponden a lo aprobado y lo físicamente aplicado? ¿Está la obra o programa debidamente documentado desde su autorización hasta su entrega-recepción? Y, ¿la obra o el servicio tiene los atributos de funcionalidad que se establecieron?