GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una instancia judicial será la que determine si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, está o no obligado a pagar el consumo de agua potable que adeuda la clínica de esta ciudad al Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado.
La posibilidad de llegar a un arreglo con la intervención de los tribunales, fue el acuerdo derivado de una reunión sostenida ayer entre la presidenta municipal Leticia Herrera de Lozano y el delegado estatal del ISSSTE, Raúl Villaseñor Benavides.
Este último manifestó que argumentos como el Artículo 115 de la Constitución y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de otros de tipo reglamentario, son los que el Instituto ha mantenido a lo largo de toda esta controversia, pues, según refirió, no se puede hacer algo cuando se está impedido por la Ley.
A la vez, reconoció que el organismo operador requiere los recursos para continuar prestando el servicio, además de que la idea de fondo es que se modifique la Constitución para que todas las dependencias estatales y federales paguen el agua que consumen.
Ante esa situación, se recurrirá en forma conjunta a una instancia de carácter judicial federal, para que sin controversias, se genere una tercera interpretación de los argumentos de cada una de las partes y se decida qué hacer al respecto.
El ISSSTE, dijo Raúl Villaseñor, está dispuesto a conciliar y aunque el diálogo se inició desde que se generó el problema, a principios de este año, los problemas financieros de la Institución y de la propia autoridad municipal obligaron a buscar un acuerdo definitivo.
El funcionario confío en que en los próximos dos meses, por lo menos, se tenga algún resultado de la consulta que se presentará a las instancias judiciales.
La clínica del ISSSTE de Gómez Palacio ha tenido que recurrir a la compra de pipas de agua para satisfacer las necesidades y continuar operando, ante lo que el delegado estatal de la dependencia dijo que ello ha resultado impráctico, pues no se tiene la seguridad de que el líquido sea de calidad.
Una parte, dijo, se recibe en forma gratuita de un sistema de abastecimiento, pero la gran mayoría del agua se adquiere a una empresa particular, lo que según indicó, ha resultado mucho más costoso que la cantidad que el Instituto podría pagar al Sideapa mensualmente.