Las aseguradoras han crecido 19% de agosto del año pasado a agosto de este año. Más personas e instituciones compran seguros de automóviles, de daños, de vida, de gastos médicos mayores. Esto manifiesta el crecimiento económico del país y además, aunque sea un principio, comienza a acercarnos a los países desarrollados, cuyo sistema de seguros se extiende por todos los ámbitos económicos. Quienes compran seguros tienen dinero para hacerlo aunque parezca perogrullada- lo que significa que 19% más de personas y/o instituciones, este año tienen una situación económica estable que les permite destinar los recursos necesarios para cubrir sus riesgos.
¿Estaremos en el umbral de un acuerdo para la reforma energética?, así parecería indicarlo la reunión que los jefes del PAN y del PRI tuvieron con el Presidente en Los Pinos. En vez de las habituales recriminaciones, las cúpulas partidistas aceptaron analizar el proyecto presentado por el Ejecutivo, comenzando por los puntos en que todos están de acuerdo, para después negociar los aspectos en que hay diferencias.
El rechazo absoluto que presentaba el PRI a la Reforma de la Constitución como base para la reforma energética, se ha matizado. Parecería que hay un número importante de diputados del PRI que aceptan los cambios en bien de México. Si esto es así, por fin se estaría rompiendo la matriz de rechazo de todas las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo.
Sólo hay un grupo, liderado por Bartlett, que se opone rotundamente al cambio, alegando, ahora, que los diputados del PRI tienen que votar de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Nacional del Partido en su última reunión. ¿Reminiscencias del pasado inmediato?
El gran legislador, el presidente en turno, determinaba cómo debían votar los diputados. Parecería que el senador Bartlett quiere sustituir al presidente, que ya no es del partido, por el Consejo Nacional.
Curioso concepto de democracia: ¿los diputados deben votar de acuerdo con las decisiones de la cúpula del partido, o de acuerdo con los intereses y las necesidades de los ciudadanos que votaron por ellos? Aunque hay que tomar en cuenta que los diputados y senadores de representación proporcional, no fueron elegidos por el pueblo sino escogidos por el partido. No le deben nada al pueblo y todo al partido, que les otorgó el poder. Además si se analiza la lista de diputados y senadores plurinominales, son, en su mayoría los personajes más importantes y con mayor poder en el partido.
Bordando sobre el mismo tema, desde el punto de vista legal, la cámara se encuentra en una situación comprometida.
De acuerdo con la Constitución, el sector de energía eléctrica es exclusivo del Estado. Y a mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales las Leyes Secundarias a cuyo abrigo compañías privadas extranjeras han construido desde 1922, todas las termoeléctricas que se han desarrollado y ya están en servicio, como las que están en proceso de construcción.
Específicamente, dos termoeléctricas que producen 943 megawatts fueron construidas por compañías extranjeras y al terminar la construcción las entregaron a la Comisión Federal de Electricidad. El Gobierno, en el Presupuesto Anual de Egresos, tiene que destinar una partida para pagarlas.
Tres termoeléctricas que producen 1.175 megawatts funcionan con un contrato de “Productor externo de energía”. Las compañías que las construyeron siguen siendo dueñas de las plantas y le venden la energía a la Comisión con un contrato de largo plazo ( 25 años ), además se están construyendo cinco centrales más que generarían 1,490 megawatts de energía, igualmente con contratos de “Productor Externo de energía”.
Estas construcciones representan 315 mil millones de pesos, lo que se convertiría en deuda del Gobierno si se compraran para obedecer el mandato de la Constitución.
Una segunda alternativa sería continuar la simulación y seguir otorgando contratos a compañías extranjeras, a ciencia y conciencia de que se está violando la Constitución y la sentencia de la Suprema Corte.
La tercera alternativa es la reforma de la Constitución, permitiendo la inversión privada de la industria eléctrica.
¿Cuál de las tres opciones escogerán los legisladores?
Si la solución jurídica que se le dé a este problema es poco clara, se convertirá en un factor de riesgo para la inversión extranjera, tanto en la industria eléctrica como en otros sectores. Una inversión cuantiosa no se puede hacer si las reglas del juego no son diáfanas.