No tendríamos que explorar mucho para encontrar ejemplos de como el ente social se ve constreñido a guardar un secreto para que, mediante la promesa de no revelar sus nombres, las personas enteradas le den acceso a datos confidenciales que la prensa no podría de otra manera entregar a sus lectores. Para nadie es desconocido que un sacerdote tiene la obligación de guardar en reserva aquello que les es proporcionado en confesión por sus feligreses; un abogado no incurre en rebeldía ante las autoridades cuando se niega a suministrar información privilegiada que le ha dado su cliente; un médico se abstiene de poner en conocimiento de otras personas sobre el padecimiento de su enfermo sin que antes no sea autorizado por su paciente; un trabajador de una empresa incurre en traición si entrega a la competencia datos a los que tiene acceso por las labores que desempeña; etc.
Viene al caso escribir acerca del secreto profesional dadas las presiones que, se dice, está ejerciendo la Procuraduría General de la República para que periodistas que trabajan en La Jornada, periódico que se edita en la ciudad de México, revelen sus fuentes informativas en relación con notas publicadas sobre el escandaloso caso llamado “Pemexgate”. Esta conducta autoritaria le da un vuelco a la presunción de que este régimen poseía una vocación democrática, puesto que descubre una lúgubre tendencia claramente autoritaria. La pregunta que se plantea es: ¿tenemos un Benito Mussolini con botas? ¿Hasta ahora permanecía en el trasfondo la sombra del “Duce” cuyas verdaderas intenciones no se habían mostrado?. Es una endemoniada tentación que entendemos agobia las horas de insomnio de nuestros gobernantes.
Los que se dedican al riesgoso oficio de obtener la nota policíaca, están siendo citados para que declaren en torno a cuáles fueron sus fuentes para proporcionar al público información que estaba vedada al conocimiento general mientras no se concluía la averiguación a que estaba sometido el asunto. La PGR aduce que necesita saber quienes y por qué dieron información gentes que, se presume, trabajan en la dependencia, para proceder en el mejor de los casos a separarlos de su labor, en tanto los periodistas citados alegan que se trata de una persecución mal disfrazada contra los que ejercen la labor de dar a conocer en las páginas de un periódico situaciones o hechos que constituyen una primicia.
Nadie que sepa un poco sobre periodismo ignora que los periódicos están siempre a la búsqueda de lo que llaman una exclusiva. Para conseguirla, el periodista debe tener el olfato para percatarse de que aquello a que ha tenido acceso ha sido después de plegarse a las condiciones que le exige su informante que, en la mayoría de los casos, es la de que su nombre permanezca en el anonimato. ¿Es lícito que el periodista se abstenga de informar cuál fue su fuente? Si la PGR tiene empleados carentes de escrúpulos por cuanto a la fidelidad que le deben a la dependencia, suponiendo ellos hayan sido los confidentes, no es responsabilidad de los periodistas que obtienen un reportaje. Miguel Sadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, creo que expone el criterio más acertado al sostener que: “limitar la libertad de expresión y la libertad de imprenta es atar la conciencia y el pensamiento”. Y agregaremos que: la PGR, al convocar a reporteros para que revelen sus fuentes, incurre en una actitud intimidatoria propia de un gobierno fascista.