En su reciente visita a Torreón, el jefazo nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, lanzó acusaciones al aire diciendo que “usan las tarifas eléctricas para desprestigio del PAN”. Habló de una “campaña perversa” para distorsionar las cosas; dijo que hay usuarios a los que no se les debería estar aplicando cortes y elevados cobros: “el sabotaje pudiera estar haciéndose para causar enojo en la población”. Extrañamente no dio pruebas ni aportó soluciones para terminar con el supuesto sabotaje, pues en el fondo sabe muy bien que el descontento es generalizado y tiene su origen en el decreto emitido por el gobierno foxista mediante el cual subieron las tarifas, y en La Laguna como en todo el país, están golpeando la precaria economía de las clases más necesitadas. Por ello no debería extrañarle al mandamás del PAN que hoy en Torreón, en vísperas de elecciones, tanto el PRI como los demás partidos utilicen los desorbitados cobros para desprestigiar las campañas del PAN.-- Eso de hablar sin pruebas sobre sabotaje y campañas perversas son puras especulaciones, porque hasta ahora lo único real son los citados incrementos a las tarifas, el descontento, y la lógica utilización de esa realidad por los partidos contrarios al PAN para “cargarles el muerto”.
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A propósito de elecciones, cabe recordar que en las mini
campañas que se están efectuando, cada uno de los contendientes hace su luchita como mejor puede: algunos con las uñas, y otros y otras, como diría don Vicente, mejor respaldados por contar con las simpatías y mañas de los de arriba. Es por ello que para evitar que alguien pudiera servirse con la cuchara grande, los ciudadanos debemos acudir a las urnas el próximo 29 a votar por quien mejor nos parezca que entre los aspirantes sea el que deba tomar el timón del municipio por los próximos tres años. De un acierto o un error en la elección, dependerá en parte importante el avance o deterioro de nuestra comunidad y de ello la calidad de vida de sus habitantes. “Torreón bien vale una misa.”
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Habría que agregar un obstáculo más para el proceso electoral del domingo 29 de septiembre. Ahora resulta que sólo se permitirán ochenta observadores que vigilarán el comportamiento de los partidos el día de la elección. El número de ciudadanos autorizados resulta ridículo, sobre todo considerando que en el municipio de Torreón se instalarán seiscientas casillas, las que difícilmente y durante diez horas, podrán ser vigiladas por los observadores el día de la elección. Esta disposición refleja una vez más la intención de las autoridades de minimizar la participación ciudadana en perjuicio de la verdadera democracia
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Otra “pifia” más de la justicia en Coahuila. El pasado martes el juez segundo penal Pedro Limón, argumentando fallas en las averiguaciones previas practicadas por el agente del M. P. Oscar Cordera, puso en libertad a dos presuntos delincuentes implicados en robos a comercios: los sujetos detenidos desde hace ocho meses aceptaron en sus declaraciones haber cometido varios robos, inclusive se recupero parte del botín, pero con la maraña legaloide y lo que pudiera ser una “aceitadita” a la maquinaria de la justicia, obtuvieron su libertad. Como estos casos son repetitivos y nunca se encuentran responsables entre los funcionarios de la Procuraduría o del poder judicial, nuevamente se hace necesario que el presidente del tribunal de justicia, Ramiro Flores Arizpe y el procurador Oscar Calderón , tomen el torito por los cuernos, investiguen los hechos y determinen la responsabilidad del funcionario o funcionarios que motivaron la obstrucción de la justicia. La comunidad requiere amplia información y, sobre todo, conocer la sanción aplicada a quien resulte responsable. De no hacerse así seguirá creciendo la desconfianza de los torreonenses en sus hoy priistas autoridades. ¿Qué medidas tomarán los integrantes del Consejo de Seguridad Pública?.
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Y hablando de leyes, algo anda mal en el aparato de justicia coahuilense, recientemente la compañía consultora “MOODYS”, contratada por el Consejo Coordinador Financiero, elaboró un minucioso análisis sobre los jueces y magistrados que elaboran en el poder judicial de los estados del país. Coahuila resultó junto con Yucatán, Tlaxcala y Baja California Sur, de los que tienen más deficiencias y rezagos en la administración de justicia. El estudio tomó aspectos básicos, como la calidad institucional, duración de procedimientos, utilización de recursos, eficiencia en la aplicación de sentencias civiles y penales, etc. Las entidades mencionadas obtuvieron una calificación promedio de 2.3 en una escala de cero a cinco. Los estados mejor librados fueron Sinaloa, Tabasco, Aguascalientes y Campeche.—Es obvio pensar que en estos tiempos de cambio serán más frecuentes las evaluaciones y certificaciones de los organismos públicos, por lo que no cabe que éstos se duerman en sus laureles pensando que a la antigüita la sociedad les va a creer que todo camina sobre rieles.