En unos cuantos días, Javier Garza de la Garza dejará de ser alcalde de Torreón. Durante su corto “reinado” de cuatro meses, la obra pública brilló por su ausencia. Lo más lamentable es que tampoco se dieron actos de autoridad tendientes a poner orden en la administración; tal es el caso de los fraccionamientos: “Azulejos” y “Montebello”, donde el patrimonio de la ciudad se ve afectado porque las áreas de donación no han sido entregadas ni escrituradas al municipio. En el caso de “Los Azulejos” la licencia se autorizó desde el 26 de febrero del 2001. Sobre esto cabe mencionar que el artículo 226 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, establece que: “dentro de los treinta días siguientes a la autorización del fraccionamiento, se deberá constituir garantía para asegurar la ejecución de las obras de urbanización...”. Esto tampoco se ha cumplido, sin que el Alcalde haya hecho respetar la ley.- En caso similar se encuentra la ampliación autorizada a dicho fraccionamiento desde marzo del presente año. Extrañamente el cabildo de Torreón, en sesión de fecha 23 de septiembre pasado, concedió a la empresa “Inmobiliaria los Azulejos de Torreón” un estímulo fiscal por el setenta por ciento sobre el costo de la licencia de construcción, con lo cual el municipio dejó de percibir una suma millonaria en su beneficio. Estos aspectos no dejan bien parada a la administración municipal que presidieron Salomón Juan Marcos y Javier Garza. Será difícil que en los pocos días que le quedan al frente de la comuna se ponga orden en estos asuntos que están dando origen a feos comentarios de manejos indebidos. Sin embargo, no hay problema; el que pagará los platos rotos será Torreón.
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Hace más de siete años, dirigentes de organismos empresariales de Torreón presionaron al Gobierno del Estado para la integración de un grupo especial que, dependiendo de la Procuraduría estatal, investigara y combatiera los secuestros y otros delitos de la delincuencia organizada que se habían enseñoreado en la Comarca. Desde aquel entonces se formó el citado grupo al mando de un experimentado profesionista policiaco, que se dio a la tarea de combatir esos delitos, destacándose el combate y detención de “puchadores” de droga al menudeo, acciones que motivaron recientemente el asesinato del agente Cipriano Floriano Navarrete y la reacción de la Coparmex exigiendo al gobernador Enrique Martínez y al procurador Óscar Calderón, el esclarecimiento y detención de los responsables, así como el cumplimiento del ofrecimiento de aportar mayores recursos materiales y humanos para este grupo. Lamentablemente el reclamo cayó en tierra estéril, pues ha pasado el tiempo y nada se ha logrado; los responsables se hicieron ojo de hormiga y los recursos tanto económicos como humanos no sólo no se aumentaron, sino que fueron reducidos. Probablemente de ello no esté enterado el Gobernador, pero obviamente si no rectifica esta decisión, la misma tendrá efectos negativos en perjuicio de la comunidad torreonense que nuevamente y con razón se sentirá tratada como pueblo de segunda de Coahuila.
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Hace algunos días la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, puso de “patitas en la calle” al jefe de Alcoholes Enrique Saavedra, cesándolo en su cargo por haber autorizado sin tener facultades la reapertura del bar “Egeo” mismo que nuevamente clausuraron. Curiosamente ahora resulta que hubo “confusión” y que el jefazo corrido siempre no se va y la clausura se termina porque las investigaciones de una comisión concluyeron que el establecimiento no ocasionaba ningún problema. Lo anterior revela que la Alcaldesa estuvo mal informada y se precipitó en su decisión; o a lo mejor, como dicen las malas lenguas, lo que pasó es que donde manda capitán no gobierna marinera. ¿Será?
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Ya que andamos por tierras gomezpalatinas, resulta preocupante la declaración del empresario Jorge Estrada Atollini en el sentido de que tiene temor por su vida por amenazas y represalias que dice haber recibido desde que solicitó el amparo en contra del Gobierno del Estado por la expropiación de una franja de terreno de su propiedad y como asegura haber ganado el amparo que le permitirá recuperarla, recientemente declaró que “es de esperarse una reacción en su contra por parte de las autoridades municipales y del ex alcalde”. Preocupa lo anterior porque en estos asuntos lo único que debe prevalecer siempre es el respeto al Derecho, además de que hoy en Gómez Palacio el “horno no está para bollos”.