La comunidad lagunera está preocupada por el artero crimen cometido por sicarios en la persona del jefe de grupo de la policía ministerial, Cipriano Floraino Navarrete. La actuación de este policía se había caracterizado por su combate al narcotráfico deteniendo a importantes ?puchadores? de cocaína en la ciudad. Para sus superiores, se trata de una venganza del crimen organizado. Cabe recordar que este policía ejemplar había sido detenido en el año 2001 por policías judiciales federales con el pretexto de portar armas de las reservadas para uso exclusivo del ejercito. Desde esa ocasión se dijo que su actuación estaba afectando fuertes intereses; meses después de su detención quitaron al delegado de la PGR en la región, José Héctor Carreón Herrera. Posteriormente Floriano Navarrete fue absuelto por los magistrados del poder judicial y continuó trabajando con eficiencia en contra de los distribuidores de cocaína.? Este artero crimen no debe pasar desapercibido para el gobernador Enrique Martínez y el procurador Oscar Calderón. Se requiere conocer la actuación de los agentes federales en la región. ¿Cuáles son las acciones y resultados concretos en la detención de ?puchadores??. Si el trabajo no ha sido efectivo, es decir muy superior al realizado por este agente estatal, podría suponerse un contubernio que mucho daño ocasionaría a la comunidad.?Este hecho revela que el narcotráfico ha sentando sus reales en la entidad. Si el gobierno del estado no implementa acciones conjuntas con las del gobierno federal para esclarecer este crimen y continuar con la detención de vendedores de droga, se podría pensar que el crimen organizado le va ganando en Coahuila la batalla a la procuración de justicia.
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El desbarajuste electoral que se traen en San Pedro no fue obra de la casualidad. De todos es sabido que los intereses en pugna entre el secretario de gobierno, Raúl Sifuentes y el de finanzas, Javier Guerrero, cada uno de ellos apoyando a su ?gallo? para la alcaldía, fueron los factores que abrieron la puerta al relajito que todavía no termina. Por un lado la imposición del candidato del PRI Jaime Martínez Cepeda, por parte de Sifuentes; del otro, la imposición de Emilio Bichara Marcos, por parte del secretario de finanzas, postulándolo por el PRD. Es obvio pensar que la añeja rivalidad entre estos dos secretarios que son brazos derechos del Gobernador, llevo el proceso electoral por oscuros derroteros donde ambos grupos hicieron lucir sus mañosas habilidades para sacar adelante a su ?gallo?, y como la diferencia en el margen de votación fue reducida, ahora el PRI y el PRD se acusan mutuamente de serias irregularidades, que de no resolverse con habilidad política, podrían generar violencia. Es por ello que se hace necesario que el gobe don Enrique llame a cuentas a sus dos jefazos, y aunque entre ellos se hagan cara de ?fuchi?, les exija un pronto arreglo de este problema. Hay quienes piensan que anular las elecciones alborotaría mas la gallera. Cualquiera que sea la respuesta, la realidad es que los dos funcionarios pusieron en aprietos a su patrón, y por ello están obligados a encontrar una tranquila solución.
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El alcalde Javier Garza continúa evadiendo la responsabilidad de informar a los torreonenses sobre cuales y donde están las áreas de donación que por ley debió entregar al municipio el fraccionamiento ?Los Azulejos?. También se desconoce el porqué y el monto de la exención de impuestos que hace unos días aprobó el cabildo para el citado fraccionamiento. El municipio de Torreón requiere de recursos para atender rezagos de urbanización en sectores populares; por ello resulta cuestionable que se concedan bonificaciones que sólo benefician de unos cuantos. El alcalde Don Javier tiene la palabra.
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Siguiendo con aspectos curiosamente olvidados por el jefe de la comuna, conviene recordarle lo de los invadidos ?andadores? y áreas verdes del Campestre la Rosita. Es cierto que la intentona llevada a cabo por el tesorero León Urow para venderlos, finalmente fracasó ante la oposición de los colonos, pero es fecha que algunos de esos lugares continúan invadidos sin que las autoridades ordenen su desalojo, por lo que algunos mal pensados suponen que hubo arreglitos bajo la mesa. De no ser así, cabría preguntar al Alcalde qué espera para actuar; ya pasó el pretexto de las elecciones y se requiere recuperar esas áreas que son de uso común y patrimonio de la ciudad. Pronto sabremos si el Alcalde aplicó la ley cumpliendo su responsabilidad, o si prefirió hacerle al juego del ?tío Lolo? que nada resolvió.