Curiosamente los políticos en ocasiones se ?avientan? declaraciones inentendibles. Recientemente el gobe de Coahuila Enrique Martínez declaró que la candidata priista Laura Reyes Retana, ?no perdió?, lo que pasó es que ?no le fue favorable un marcador electoral?. Cabría preguntarle al gobernador, si el marcador no la favoreció ¿por qué dice que no perdió?; pues con este criterio se podría decir que el marcador favoreció a Guillermo Anaya, pero ?no ganó? y entonces ¿dónde quedó la bolita? Como se puede ver, al gobe en su intención emotiva de justificar la derrota de doña Laura se le hizo bolas el engrudo dando a entender que la candidata Reyes Retana no ganó ni perdió, sino todo lo contrario.
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El presupuesto de Coahuila para el año entrante contempla un gasto de cuarenta y cinco millones destinados al Consejo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana; de esta ?lanita?, casi cinco millones serán destinados a sueldos de los cinco consejeros, más algunas ?migajas? para contentar a los suplentes. Lo anterior debe tener felices a los consejeros: Jacinto Faya, Onésimo Flores, Homero Ramos, Xóchitl López y María de los Ángeles López, quienes a partir de enero ganarán cada uno ochenta mil pesillos mensuales sin hacer prácticamente nada porque en los próximos dos años no habrá elecciones municipales ni estatales, convirtiéndose así en los ?aviadores? más caros del estado, ya que la cuestionada ley electoral no prevé mandarlos a su casita sin cobrar (como debería ser) en tiempos que no son electorales. Curiosamente esto ocurre cuando se habla de restricción de gastos y austeridad presupuestal del gobierno. ¿Quién entiende?
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Extrañan las declaración del alcalde Javier Garza de la Garza, de que él como primer autoridad del municipio nada puede hacer con relación al derribo de una malla ciclónica e invasión de terrenos en áreas donde se construye un gran hotel de cinco estrellas frente al aeropuerto. Si la lideresa Gloria López y los invasores consideran tener la razón al reclamar los terrenos, la realidad es que no la tienen en la forma que lo hicieron, ya que al derribar por la fuerza la malla perimetral incurrieron en el delito de daño en propiedad ajena y el reclamo de los terrenos debió hacerse conforme a derecho (si es que el Estado de Derecho existe en Coahuila). Los torreonenses no se explican cómo es que el alcalde dice que no puede hacer nada, inclusive existe denuncia ante la Procuraduría de Justicia y como primera autoridad podría intervenir para que salieran las órdenes de aprehensión en contra de los responsables, porque es lastimoso que estos movimientos ahuyenten la inversión y frenen la generación de empleos. Cabe recordar que estas mismas cosas ocurrieron en predios de San Antonio de los Bravos, pero en esa ocasión el alcalde se fajó los pantalones y ordenó su desalojo el escuadrón canino. Posiblemente como don Javier ya va de salida le está buscando aventar la pelotita caliente a la próxima administración. Mientras tanto la buena imagen de Torreón para las inversiones se deteriora.
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Los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) se encuentran listos para renovar su directiva y ante los raquíticos resultados de su actual presidente, Donato Gutiérrez, (que salió gobiernista de hueso colorado), se inició un intenso cabildeo con la finalidad de llevar a la presidencia de ese organismo al empresario Roberto Rodríguez Cruz y al parecer es el puntero, reconociéndole que no se anda con rodeos para señalar al gobierno sus desaciertos y que no esconde la cabeza como ha sido la costumbre en dos últimos años; de momento se dice que es el único gallo con espolones para dar la pelea, aunque también se promueven otros aspirinos sumisos al Gobierno Estatal.