Aunque la violencia se ejerce indistintamente en contra de mujeres, hombres, niños o ancianos, es indudable que de acuerdo con los índices estadísticos, quienes más la sufren son las mujeres y esa violencia proviene de los hombres que como esposos, compañeros o padres tienen malamente arraigada la costumbre de maltratar, de obra o de palabra, al género femenino que por razones históricas ha venido aguantando estoicamente, en la mayoría de los casos, esas formas de violencia.
En muchos estados de la República, aún se carece de los instrumentos legales necesarios para sancionar esas formas denigrantes de conducta. Pero no es el caso de Coahuila en donde existe una ley contra la violencia intrafamiliar y en cuyos códigos Civil y Penal está tipificada la misma como causal de divorcio y como delito, no obstante lo cual eso no es suficiente para considerar que el problema está resuelto.
En efecto, es importante contar con una legislación de avanzada, pero también lo es que existan mecanismos institucionales que garanticen a las víctimas de violencia, una atención especializada y profesional, a fin de que se vaya generando entre la población la confianza en que una vez denunciado el delito y que el mismo se sustente suficientemente, la víctima recibirá la protección necesaria para no verse expuesta a mayores vejaciones.
Muchas son las mujeres que se abstienen de denunciar la violencia de que son objeto, porque saben que en tanto dure el procedimiento de investigación y sanción, ellas estarán expuestas a actos de mayor brutalidad, carecerán de un lugar en dónde proteger su integridad y hasta de los recursos económicos para mantenerse ellas y, en tal caso, a sus hijos, por lo que mientras no se les brinde una atención integral, no se podrá afirmar que el gobierno hace lo posible por erradicar el problema de la violencia contra la mujer.