Al menos en los próximos 45 días los ex trabajadores de Durango Apparel no recibirán sus pagos
Faltan escasos minutos para las 2 de la tarde. Constantemente se activa el claxon de los vehículos que tienen acceso al estacionamiento de la Unidad Administrativa “Ángel Rodríguez Solórzano”. Mientras tanto, Juan Ruiz Sura, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, reconoce, al ser rodeado por decenas de ex trabajadores de Durango Apparel, que la audiencia de remate de los bienes de dicha fábrica se suspendió por deficiencias en las notificaciones, y que se llevará a cabo hasta el 15 de enero del 2003.
“¡No, no!” –se imponen los actores del conflicto laboral-. “Así nos prometió que para el 15 de diciembre recibiríamos nuestros pagos. Ahora cómo quiere que creamos. No vamos a aceptar”. Ruiz Sura, por su parte, pide calma, se excusa por lo ocurrido y habla de los perjuicios que traería consigo haber continuado la audiencia con el riesgo de que algún acreedor mal notificado o la empresa misma la impugne.
Para ese entonces, luego de casi cuatro horas de estira y afloje, los ánimos estaban caldeados, incluso entre los propios integrantes de la comisión que representa a los ex empleados de Apparel, quienes aparentemente se dividieron por la cuestión de cuál partido, el PAN o el PRI, capitalizaría el último paso para la conclusión del conflicto.
CASTILLOS EN EL AIRE
A las 10 de la mañana del miércoles las expectativas de acabar prácticamente el litigio laboral eran muchas. Luego, conforme se empezaron a dar cuenta las partes involucradas en la audiencia de que las notificaciones a los acreedores habían sido realizadas fuera de tiempo, y sin cumplir con todas las disposiciones legales por parte de la Junta de Conciliación, el panorama cambió.
Poco después de la cita inicial, Juan Ruiz Sura afirmaba que sí era factible solucionar las demandas de cerca de mil 800 trabajadores que se quedaron sin empleo tras el cierre de Apparel, argumentando con optimismo la presencia de algunos postores y de casi la totalidad de los acreedores.
Pero minutos más tarde conoció la advertencia de Carlos Galván Pastoriza, abogado de Durango Apparel, en el sentido de que “reventaría” la audiencia con un recurso legal, “pues están viciadas por el tiempo y la forma las notificaciones (...), incluso, faltaron acreedores porque no supieron de la realización del remate”. Así el desenlace fue previsible, lo que hizo necesario cambiar de estrategia.
La diputada local panista Laura Elena Estrada se dio cita en la Junta desde que inició lo que sería la audiencia de remate; dialogó constantemente con los trabajadores y les facilitó asesoría legal adicional a la que recayó en el procurador de la defensa del trabajo, Ernesto Aguilar Vera, y en los abogados litigantes, Eduardo Bravo Campos y Armando Ortiz Gallegos. Sin embargo, al conocer el desenlace del fallido remate, encaró también a Ruiz Sura, a quien responsabilizó de que no se haya logrado nada.
PROPUESTAS
Desde temprano, Gerarld Robinson estuvo al pendiente de lo que acontecía. Robinson es propietario de la empresa que lleva su apellido y que está interesada en comprar en 750 mil dólares el total de la maquinaria que se encuentra en la planta Sur de Apparel, ubicada en bulevar Circuito Interior y calle Nazas.
También estaba el abogado de la maquiladora demandada por empleados y acreedores, Carlos Galván, quien de un lado a otro recorría el edificio de la Junta y las oficinas de la Dirección del Trabajo acompañado de tres empresarios norteamericanos, los que tienen interés en adquirir la totalidad de los activos y pasivos de Apparel, pero acotaron que podrán hacer un ofrecimiento serio, y pensado hasta la primera o segunda semana de enero.
A final de cuentas los más preocupados en que se resuelva el conflicto fueron, desde un principio, los ex trabajadores, a los que al parecer se les adeudan aproximadamente 3.5 millones de dólares. Asimismo, el abogado del Banco de Comercio Exterior, Manuel Ascencio Martínez, se quejó de haber sido notificado de la audiencia con menos de 24 horas de anticipación, y, sin embargo, hizo el viaje a la ciudad de Durango porque la empresa Durango Apparel le adeuda al Bancomext entre 4 y 5 millones de dólares.
Otro ejemplo de que la Junta Local de Conciliación notificó “con los pies” la celebración del remate de bienes lo constituye el caso del IMSS, como acreedor de Apparel, ya que a dicho Instituto nunca se le hizo saber que se realizaría tal evento, a pesar de mostrar el certificado en el que el Registro Público de la Propiedad lo confirma como acreedor en el certificado de gravamen. Así, a Bancomext y al Seguro Social se le suman dos demandantes particulares de la maquiladora, José Abundio Flores Pérez y Berta López Chávez, quienes tampoco supieron de manera oficial del remate.
Dadas las circunstancias, y para que los ex trabajadores eviten pasos mal dados por parte del órgano juzgador, el abogado Eduardo Bravo Campos, defensor de cuatro ex empleados de Apparel en este litigio, les recomendó a las afueras de la Junta: “Primero deben cerciorarse de que las notificaciones a todos los acreedores, incluyendo a los dos particulares, se hagan antes de que acabe este año; enseguida, deben exigir que se giren los oficios necesarios para que el Registro Público de la Propiedad mande los certificados de gravámenes ya actualizados, y, además, confirmar lo antes posible que será publicado el edicto en tiempo y forma en el periódico”.
POLÍTICA
Aunque reconoció que lo duda, la diputada Laura Elena Estrada se pronunció por que la Junta de Conciliación y Arbitraje vele primero, y por sobre todas las cosas, por los derechos de los mil 800 ex trabajadores de la maquiladora demandada, pues advierte que por ningún motivo aceptará que en vez de a ellos la autoridad laboral favorezca a otros acreedores o, mucho peor, a los intereses de la fábrica Apparel.
Sobre la posibilidad de que el conflicto se partidice, la panista recalcó, mientras observaba el desarrollo de la fallida audiencia de remate, que “el asunto se politizó desde hace como tres semanas, no a partir de hoy, porque el señor (Gustavo) Lugo –dirigente del PRI en el estado- a últimas fechas intervino para sacarse una solución de la manga. Obviamente entró cuando está por acabarse este conflicto con un interés meramente político; es decir, de repente se quiso hacer el salvador, cuando los trabajadores saben que ese apoyo era ficticio”.
Agregó la legisladora del PAN: “Yo he dado seguimiento al problema desde el mes de febrero. Hemos estado entrevistándonos con diversos actores involucrados en el problema. Pero si no salía a la luz pública era precisamente para no entorpecer todo esto, para no politizarlo, para evitar que se descalificaran los pasos que íbamos logrando dar. La intención ha sido siempre defenderlos, porque a mí no me gustan los protagonismos, y lo ideal hubiera sido que recibieran algo de dinero o la totalidad de éste antes de la Navidad, sin embargo, no va a ser así”.
El interés de capitalizar el seguimiento del conflicto laboral de Apparel se dejó entrever al momento en que los integrantes de la comisión que representa a los ex empleados de dicha fábrica empezaron a discutir, mostrando desde el inicio claros indicios de fractura interna.
Así, las posturas de los dos miembros de la comisión a los que se les ubica como los operadores del PRI dentro de los propios trabajadores de Apparel, Agustín Sánchez Gurrola y Enrique Burciaga Solís, dejaron de manifiesto que en el interior de ese pequeño grupo de 11 personas hay quienes, además del pago suyo y de sus compañeros, quieren hacer campaña proselitista a favor de ciertos partidos políticos.
SIN VACACIONES
Ernesto Aguilar Vera, en su calidad de defensor de oficio de los desempleados de la maquiladora, encabezaba las reuniones que éstos sostenían con los postores, con los acreedores y con los representantes del patrón que los dejó sin empleo. En ese lapso salió y fue abordado por El Siglo.
¿Cómo pretenden hacerle para tener éxito, cuando al parecer fueron mal hechas las notificaciones?
Bueno, si algunos acreedores dicen que no fueron notificados, incluso si el propio abogado de la empresa así lo señala, entonces cómo es que, además de estar presentes, vienen preparados. Vamos a darle celeridad a este asunto y haremos todo lo posible para que el conflicto acabe antes de que termine el año...
¿Aunque eso implique retrasar el periodo de vacaciones de ustedes y del personal de la Junta?
Sí. De hecho, en caso de ser necesario, es decir, si no hay un arreglo hoy, vamos a solicitarle a la Junta que aplace la primera semana de vacaciones, de tal forma que todos los trámites que se requiera hacer queden realizados este año, y podamos tratar con seguridad lo relativo a la próxima cita de la audiencia de remate.
Sin embargo, la sola idea de quedarse sin algunos de los días de asueto a los que tienen derecho, provocó una extraña reacción en el Presidente de la JLCyA, quien, sin embargo, reconsideró su postura y dijo que si se llega a requerir esa situación, se hará.
ACUERDOS
La prolongada reunión en las instalaciones de la Junta de Conciliación continuaba desesperando a los representantes de la comisión que tiene facultades para decidir por los empleados de Apparel. La propuesta de que se pospusiera la audiencia no los convencía. Pero al final, tras ver que era necesario para que la defensa de la empresa no tumbara los acuerdos a los que se llegara en el remate, decidieron aceptar que se difiriera, sin dejar de pensar y de decir que probablemente fue una maña de Ruiz Sura para favorecer a Apparel, puesto que se negaron a creer que la autoridad laboral desconozca de términos legales para notificar a quienes participan en eventualidades de este tipo.
Finalmente, con el rechazo sistemático de algunos y la aceptación de otros que vieron la necesidad de reconsiderar su postura, se acordó que para el 15 de enero se realizará nuevamente la audiencia, esperando que desde este momento hasta el día de la celebración de la misma, el procedimiento se perfeccione, se amplíe la convocatoria para los acreedores, se traten como “con pinzas” todos aquellos procedimientos que puedan echar abajo lo logrado hasta el momento y, sobre todo, salgan compradores que finiquiten la deuda con los trabajadores, la cual para ese entonces podría llegar a los 4 millones de dólares, según cálculos de abogados que conocen del caso.
Posponen remate de bienes de Apparel para el 15 de enero
Luego de casi cuatro horas de declaraciones, caras largas, gritos, negociaciones, encerronas y del despliegue de estrategias bien definidas por parte de los representantes legales de cada actor involucrado en el conflicto laboral, ayer en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no se logró nada contundente.
La audiencia de remate de los bienes de Durango Apparel, como lo esperaban los abogados de la empresa, se suspendió. Quedó, eso sí, el compromiso para realizar el remate hasta el 15 de enero del próximo año.
Los representantes de los ex trabajadores de Apparel asumieron su postura y trataron de defenderla. Querían acabar el litigio antes de que concluyera este año; de hecho, antes de que el personal de la Junta saliera a vacacionar.
Sin embargo, no tuvieron muchas alternativas para decidir, ya que la opción primera consistía en simular que la audiencia estaba bien hecha, darle continuidad y arriesgarse a que Carlos Galván Pastoriza, abogado de Durango Apparel, cumpliera su advertencia: reventar la validez del remate por medio de un incidente de nulidad o, incluso, un amparo, teniendo como argumentos los vicios de tiempo y forma de las notificaciones.
Así, la opción segunda fue la más viable, debido a las circunstancias: posponer la audiencia a otro día y que la tramitología jurídica para la siguiente reunión se lleve a cabo “con pinzas”, lo cual exigen al presidente de la Junta, Juan Ruiz Sura, tanto los integrantes de la comisión que representa a los ex empleados de la maquiladora y el procurador de la defensa del trabajo, Ernesto Aguilar Vera, como la diputada panista Laura Elena Estrada y los acreedores, principalmente Bancomext, institución a la que le adeuda la maquila entre 4 y 5 millones de dólares.
En calidad de probables postores (compradores de los bienes muebles e inmuebles de Apparel) se presentaron fundamentalmente dos propuestas serias. La primera de la empresa Robinson, que tiene sus oficinas en Torreón, Coahuila, y que tiene interés en comprar toda la maquinaria de la planta Sur (ubicada en Circuito Interior y Nazas) en 750 mil dólares. La segunda, de un grupo de empresarios también norteamericanos, que analizará desde hoy hasta la primera semana de enero si adquiere todos los pasivos y activos que tiene la maquiladora en el estado de Durango.
La realidad es que la pretensión de los trabajadores de recibir el dinero antes de Navidad no será una realidad, pero queda la posibilidad de concluir el conflicto en enero o los primeros días de febrero si la audiencia de remate del 15 de enero registra una conclusión favorable para los ex trabajadores.