Don Luis H. Álvarez habló de una “cierta zozobra” en Chiapas. Estaba allí el viernes, cuando se conoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre las controversias constitucionales que buscaron revertir la reforma en materia indígena. Se habían cifrado grandes esperanzas en la resolución del tribunal constitucional, y por lo tanto de igual magnitud ha sido la decepción de quienes esperaban, sin fundamento, no ya digamos la reposición del procedimiento de reforma sino la inclusión de los acuerdos de San Andrés en la Constitución, como consecuencia mecánica de aquella resolución.
Todavía ayer domingo, a destiempo por razones editoriales, apareció en una revista capitalina un largo texto referido a la situación de “los pueblos indígenas ante la Suprema Corte” elaborado por el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En él se reprocha al tribunal constitucional haber rechazado pruebas ofrecidas por ayuntamientos de Guerrero, Veracruz y Oaxaca en las controversias que al igual que las iniciadas por otras muchas autoridades municipales buscaban echar atrás la reforma constitucional ahora firme.
Y al efectuar ante medios de información la audiencia que esperaban de la Corte, esos ayuntamientos concluyeron: “...los pueblos indígenas han recurrido a la institucionalidad del Estado para hacer valer los derechos que han sido reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo) y la Convención Americana (de derechos humanos). “Al momento de resolver las controversias, la Corte tiene en sus manos la oportunidad y responsabilidad de emitir jurisprudencia sobre estos trascendentales aspectos que se encuentran en juego en el trámite de las controversias y, con ello, contribuir a sentar las bases de un Estado democrático, donde sea posible el ejercicio de la diversidad cultural, el control de los actos de toda autoridad y el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Si no lo hace, postergará la posibilidad de ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la consolidación de la democracia y prolongará el régimen de la arbitrariedad y la negociación entre grupos de poder, haciendo que México incurra en responsabilidad por violación de la Constitución política mexicana, el Convenio 169 y de la Convención Americana”.
En sentido semejante se habían manifestado los promotores del Encuentro nacional por la paz que desde hace tres meses examinan de cerca la situación chiapaneca. En su comunicado del 28 de agosto “exigían” de la Corte una resolución “favorable a las controversias indígenas de la que puedan sentarse nuevamente las bases del diálogo, reconociendo los derechos y la cultura indígena, plasmados en los acuerdos de San Andrés y en la iniciativa de la Cocopa”. Llamaron también a ese tribunal, como a otros poderes y factores de decisión política, y “a la sociedad en general a no esperar que se agraven las tensiones para convencernos de que la paz y los derechos indígenas merecen y requieren ya, medidas y voluntades extraordinarias, urgentes y de fondo”.
En ese mismo comunicado, ex miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (como Pablo González Casanova, Raymundo Sánchez Barraza y Miguel Álvarez), intelectuales que apoyaron la movilización pacifista del EZLN (como Luis Villoro y Alfredo López Austin) y defensores de derechos humanos (como Magdalena Gómez, Oscar González y Miguel Concha), entre otros, lamentaron “los enfrentamientos, provocaciones y asesinatos ocurridos en los últimos días” que, a su juicio, han sido “generados por el avance de la impunidad y de la actividad militar y paramilitar”. Encontraron que hay “una creciente tendencia a la polarización y el deterioro”, misma situación que con Luis H. Álvarez define como una “cierta zozobra”.
Zozobra: la hermosa palabra escogida por López Velarde para definir sus conflictos interiores, quiere decir, según se lee en la penúltima página del diccionario: “Inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece”. Los promotores de la paz hablan de “nuevos signos de grave tensión” y de “signos de guerra”. En diagnósticos de este alcance la precisión cuenta mucho. Conviene determinar, por ejemplo, qué pasó el 25 de agosto en la comunidad de Amaytic (Ocosingo o municipio autónomo Ricardo Flores Magón). Se denunció el asesinato de dos personas, Lorenzo Martínez Espinosa y Jacinto Hernández Gutiérrez. Según versiones de grupos afines al EZLN, se trató de crímenes contra zapatistas cometidos por paramilitares. La Procuraduría estatal de Chiapas, en cambio, sostiene que se trata de un conflicto familiar, en que hubo un homicidio. Califica de “simplismo irresponsable que cualquier acto de delincuencia ordinaria, por ocurrir en territorio con presencia de simpatizantes del EZLN se pretenda reducir a un asunto de paramilitares contra zapatistas”.
Una explicación así suena falsa a quienes recuerdan las versiones del gobierno de Albores sobre varios crímenes, incluida la matanza de Acteal. Pero hay diferencias: sobran datos que impiden equiparar a aquel gobierno con el actual. Pero sobre todo importa la invitación del ministerio público a “seguir de cerca la investigación de los reprobables hechos”. Es exigible al gobierno local de hoy eficacia al combatir la impunidad. De ello dependerá en amplia medida que su diferencia sea irrebatible.