El sindicato petrolero recibió 640 millones de pesos de Pemex el ocho de junio de 2000. El cheque respectivo fue depositado al día siguiente en una cuenta abierta ex profeso en Banorte. A partir del día siguiente y hasta el 23 de junio, siete personas retiraron en efectivo, de la caja principal de aquel banco, toda la suma depositada, 640 millones de pesos. Ese trasiego es conocido y consta documentalmente. Llamado por la autoridad electoral, que investiga infracciones a la ley respectiva (aparte los procedimientos penales) a presentar una prueba pericial en su descargo, el PRI la entregó el domingo pasado. Y ahora se ufana de que su perito, el prestigiado contador Roberto Resa, no encontró en los setenta tomos de que consta el expediente que el IFE ha formado sobre el uso ilegal de recursos de ese partido, ninguna evidencia documental de que el PRI los hubiera recibido. Con ese diagnóstico contable busca ese partido la exoneración de las acusaciones que lo señalan como destinatario último de aquel dinero entregado sin causa legal por Pemex al sindicato.
Si el señalamiento contra el PRI es que, precisamente, no hizo constar el recibo de esa cantidad (o una semejante a ella, por las cizas de que la suma fue objeto en el camino), malamente hubiera podido encontrar evidencia de lo contrario el dictamen contable contratado. Sin esas palabras, por supuesto, pero el documento pericial presentado ante el IFE dice en síntesis que no fue hallada constancia alguna de que el PRI recibió ese dinero. Y es que lo recibió a escondidas, justamente.
Pero no ha lugar a la ufanía priista. En la documentación conocida, la que revisó el contador Resa, se puntualizan los retiros hechos de la cuenta petrolera abierta en Banorte, por el tesorero del sindicato, el senador Luis Ricardo Aldana que en dos intensos días, del 21 al 23 de junio tomó 140 millones de pesos en efectivo. Los quinientos restantes, también en laboriosas jornadas, que implicaron en ocasiones visitar varias veces al día las ubérrimas arcas provistas por dinero petrolero, fueron retirados por Andrés Heredia Jiménez, Joel Hortiales Pacheco, Elpidio López López, Melitón Antonio Cázares Castro, Gerardo Trejo Mejía y Alonso Veraza López. ¿Se trataba de miembros del sindicato petrolero, autorizados por esa organización para el manejo en efectivo de fondos sindicales en operaciones propias de ese organismo de representación obrera? No. Se trataba de colaboradores de dos secretarías, la de Finanzas y la de Acción Electoral, del comité nacional priista de entonces, el que manejó la campaña del 2000. Algunos de ellos fueron detenidos en diciembre del 2001 y primero como indiciados y luego como testigos protegidos han trazado con puntualidad el trayecto del dinero que en parejas combinadas, acaso para asegurar el buen retiro y adecuada entrega de los fondos, salió de Banorte y fue a dar, según su testimonio, a las arcas del PRI. Pero, alegan los nuevos jefes de ese partido, no existe documentación de que se haya recibido esa suma y por lo tanto el partido no lo recibió y carece de justificación todo señalamiento en su contra.
Y por eso es monstruosa la persecución que el IFE, azuzado por el perredista Pablo Gómez, ha desatado contra ese dechado de honradez que es el Partido Revolucionario Institucional, a quien nadie podrá asociar jamás con actos de corrupción.
Está claro que las personas mencionadas tuvieron en sus manos 640 millones de pesos. De eso no hay duda. Consta en documentación verificada e irrefutable. Pero, de creer al alegato priista, los mensajeros guardaron para sí las sumas o quién sabe qué inescrutable destino les depararon. Pero como si se tratara de bilimbiques, ni el dueño formal de ese dinero, el sindicato petrolero; ni el falso destinatario del mismo han mostrado preocupación alguna porque la autoridad averigüe el paradero de esos 640 millones de pesos. A nadie parece importarle qué fue de esa significativa cantidad.
El sindicato no ha emprendido acción alguna ya no digamos para acusar, sino para indagar, y si lo sabe para informar, a qué fines destinó el senador Aldana los 140 millones de pesos que tuvo en sus propias manos, ni por qué autorizó, y para qué, a las seis personas restantes, a llevarse quinientos millones más. Tampoco el PRI tiene interés en esa averiguación, de la que se desprendería sin lugar a dudas la veracidad de su negativa de ser beneficiario de aquellos fondos.
Difícilmente podría ese partido deslindarse de la conducta de aquellas siete personas y de dos más, Alonso Bretón y Jorge Cárdenas, porque dieron poco después de su participación en el trasiego millonario, muestra de su lealtad partidista. ¡Hicieron donaciones al PRI! No es una práctica frecuente que, salvo por aplicación de un mecanismo que se lo imponga, los empleados y funcionarios de ese partido paguen sus cuotas y menos aún que realicen aportaciones de cuantía considerable. En el repertorio del cinismo priista se incluye la respuesta de aquel que, requerido a hacer una contribución respondió que él se había inscrito en el PRI para ganar dinero, no para aportarlo.
Pero el hecho es que Cázares Castro, Veraza López, Heredia Jiménez, Hortiales Pacheco, López López y Trejo Mejía, así como Bretón y Cárdenas, y el propio Aldana entregaron, en conjunto, casi 300 mil pesos al PRI. Eso sí consta documentalmente. Es la punta de iceberg, denota las sumas que con cuidado para que no quedara huella, fueron entregadas al PRI y ese partido no reportó.