“Nunca hubo nada de pruebas ni de elementos contra mí. Hay dos procesos: uno por daños y despojo y el otro sólo por despojo. Sin embargo, como lo aclaré en su momento, me están acusando de un delito que no pude haber cometido porque el predio es mío. Es una venganza política del gobernador Guerrero Mier”, narra Francisco Javier Reyes Ortiz al explicar su situación jurídica.
El mandatario –aseguró el dirigente de Onapafa- ya tomó personal el enfrentamiento en mí. Y argumenta: “Los procesos penales que enfrento se originan porque yo decidí apoyar la candidatura presidencial de Fox en el 2000. Ahora ve que hay muchas posibilidades de ganar el Distrito 04, y se aprovecha de un conflicto que no trascendió para sacarme órdenes judiciales con el auxilio de su cuñado, José Hugo Martínez Ortiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Reyes Ortiz aseguró que el predio que generó la disputa y ahora el proceso penal en su contra es de su propiedad. Está ubicado en el kilómetro 1 de la carretera a El Pueblito, en el ejido El Nayar; y a él se lo está disputando un grupo de presuntos compradores: Francisco Campillo Carrete, Eduwiges Corral, David Victorino y una persona de apellido Rueda.
“Yo le compré al verdadero dueño. Tengo toda la documentación que me acredita ahora como tal y no hay nada irregular. Sin embargo, me queda claro que el conflicto no es con ellos sino que lo hizo suyo el Gobernador, porque me mandó a su mercenario Mario Torres, y a él le dieron de inmediato el auto de libertad, mientras que a mí hasta órdenes de aprehensión”.
La situación de tener que dejar la candidatura para poder presentar su defensa legal es complicada, según lo reconoce el propio Francisco Javier, quien lamenta: “Vamos arriba en las puntuaciones; eso es lo que más les empezó a preocupar, principalmente al Gobernador”.
Anunció que acudirá a las instancias que sean necesarias para demostrar la ilegal forma en que se le pretende sujetar a proceso e inculparlo de delitos que, reitera, no cometió.