“El Consejo Técnico Consultivo Forestal y de Suelos del Estado en su momento analizó el caso, y por unanimidad se acordó que era una invasión de los comuneros
El delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Luis Alfredo Rangel Pescador, señaló que no puede suspenderse el aprovechamiento forestal en los predios Cuevecillas y Viborillas, como están demandando los comuneros de San Bernardino de Milpillas del municipio de Pueblo Nuevo.
Agregó que el Consejo Técnico Consultivo Forestal y de Suelos del Estado en su momento analizó el caso, y por unanimidad se acordó que era una invasión de los comuneros.
Lo anterior fue manifestado por el funcionario federal al referirse al caso de los comuneros de San Bernardino de Milpillas, quienes mantienen un plantón frente a Palacio de Gobierno, demandando que les den respuestas favorables en su pretensión de recuperar 16 mil hectáreas de bosque de los predios Cuevecillas y Viborillas, que están siendo aprovechados por una asociación de particulares.
Este caso provocó la reacción de los comuneros a instalarse en la Plaza IV Centenario, después de que el asesor jurídico de éstos, junto con uno de sus dirigentes, fue detenido por la Policía Ministerial por la responsabilidad que les resulte por la invasión que están llevando a cabo en los predios en disputa. Los inconformes señalan que la Semarnat está entregando permisos de aprovechamiento a los particulares y, como consecuencia, están solicitando a dicha dependencia que ordene la suspensión inmediata.
Explicó Rangel Pescador que este asunto ya se había ventilado con anterioridad. Primeramente, explicó que la delegación de la Semarnat había emitido un permiso de aprovechamiento el 19 de abril del año 2000, siendo delegado Alfonso Castillo Obregón. La autorización fue por 12 anualidades, ya que cada año las personas que gozan de este permiso acuden a rendir un informe de la producción que obtuvieron y sobre la documentación que utilizaron, y con base en esto solicitan la nueva documentación para continuar trabajando en la siguiente anualidad, por lo que no tienen que solicitar un nuevo permiso ni refrendarlo.
Dicho permiso fue otorgado a la Sociedad de Producción Rural de R. L., la cual está encabezada por 10 personas, entre las que se encuentran Antonio Mancinas, Hugo Mancinas, Gilberto Rosas Solórzano, entre otros. A éstos se les otorgó el permiso de aprovechamiento forestal por 12 años en una superficie total de 5 mil 543 hectáreas. Estas personas presentaron título de propiedad, Registro Agrario, así como el programa de aprovechamiento, habiendo cumplido con todos los requisitos que señala la ley, motivo por el cual no se les podía negar el permiso y se les otorgó.
Posteriormente, salió a relucir el conflicto, cuando los comuneros de San Bernardino de Milpillas invadieron el predio, reclamando su posesión y exigiendo a las autoridades la restitución para el aprovechamiento. En aquella ocasión se convocó al Consejo Técnico Consultivo Forestal y de Suelos del Estado. El Consejo debe ser presidido por el Gobernador, pero ante su ausencia la reunión fue tutelada por el secretario de Recursos Naturales del Gobierno del Estado, Francisco Javier Salas García; de igual manera estuvieron los representantes del Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de la Reforma Agraria y demás autoridades.
Analizando el caso en particular y con la documentación de los particulares, quienes tienen el aprovechamiento actualmente, se acordó que a éstos les asistía la razón y de manera unánime todos coincidieron en que se trataba de una invasión por parte de los comuneros, lo que a final de cuentas generó la detención del asesor jurídico y uno de los dirigentes de los inconformes.
Con relación a la petición de los comuneros de que la Semarnat cancele el aprovechamiento forestal, Rangel Pescador señaló que no puede hacerlo, ya que no existe el fundamento técnico y legal para ello, ya que en caso de tomar una medida de este tipo es muy probable que los particulares se amparen y ganen, e inclusive pueden aplicarle responsabilidades a él. La otra forma que podría darse es una suspensión sería en caso de que hubiera un litigio sobre los predios y que el juez solicitara a la Semarnat la suspensión, pero no se ha dado el caso.
Existe otra forma, que implicaría buscar irregularidades en el aprovechamiento forestal autorizado, pero ya son tres las ocasiones en que inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acuden a verificar dicho predio y no han encontrado anomalías, pues están dentro de lo autorizado y declarado por los particulares sobre el aprovechamiento.