El Gobernador del Estado, Angel Sergio Guerrero Mier, anunció que se cumplirá con la subasta pública al mejor postor de los terrenos de las actuales instalaciones de la feria, en caso de que tal sea el decreto que emita el Congreso local, en razón de lo cual se tendría que modificar el contrato que en lo particular se suscribió previamente con la familia Chavarría que mediante la figura de permuta adquiriría una superficie de 5 mil metros cuadrados como parte del pago de las 40 hectáreas donde se proyecta construir la nueva sede de los festejos conmemorativos de la fundación de la ciudad de Durango, complementada con un centro de convenciones.
De esta manera el Jefe del Ejecutivo Estatal terció en la polémica que se generó al interior del Congreso local, cuando diputados de oposición denunciaron irregularidades en la venta de los terrenos de la feria, al supuestamente excederse el gobierno en sus facultades, y sin tomar en cuenta a la Legislatura, suscribir el contrato de compra-venta, con lo que presuntamente se incurrió en incumplimiento al procedimiento legislativo que debe fundamentar este tipo de convenios.
Ayer al ser cuestionado al respecto por los representantes de los medios de comunicación locales, Guerrero Mier enfatizó que se “está haciendo una tormenta en un vaso de agua”. Aclaró que para la adquisición de terrenos el Ejecutivo del Estado no necesita de ninguna acción legislativa, la necesita para la venta. “Por eso hicimos la operación con la familia Chavarría, no solamente en función del precio; estuvimos buscando las comisiones respectivas que se integraron desde el año pasado con empresarios, ingenieros civiles y funcionarios públicos para detectar los espacios más adecuados para establecer el centro, que es un macro proyecto”.
Dijo que no se trataba solamente del precio del área, sino de la lejanía con la ciudad capital. Fue así como se desecharon varias alternativas. “Se concluyó que los terrenos de la familia Chavarría, localizados sobre la carretera a Mezquital, son los que reúnen las mejores condiciones de proximidad a la ciudad, pero también en cuanto a la topografía del terreno para poder realizar las instalaciones que se requieren, en un predio de 40 hectáreas”.
Al señalar que los hechos concretos que importan al estado y al pueblo de Durango es la gran necesidad de contar con un centro de ferias y exposiciones, que no sea solamente albergue de las fiestas de la ciudad sino de eventos de alta envergadura, el Gobernador agregó que la adquisición de las 40 hectáreas se hizo conforme a la ley, en un contrato de compra-venta privado entre personas, que no es de orden público, y que se convino a un precio de 15 pesos el metro cuadrado, lo que arroja la cantidad de 6 millones 400 mil pesos.
Aclaró que los propietarios pedían de 60 a 80 pesos el metro cuadrado. Fue aquí cuando se convino en pagarles en especie, con 5 mil metros cuadrados de las actuales instalaciones de la feria. “Ello fue lo que se convino con la comisión designada, pagar en dos formas: en efectivo lo correspondiente a los 15 pesos el metro cuadrado y el resto en especie”.
Sin embargo, reconoció que ahora en la situación de derecho público se presentó la iniciativa para pedir autorización del Congreso para vender las instalaciones de la feria. “La ley señala que tendrá que ser en subasta pública al mejor postor...Se cumplirá con este mandato”, afirmó el mandatario.
Pero además reconoció que las cuestiones del contrato privado celebrado con la familia Chavarría tendrá que ser objeto de modificaciones, en virtud del mandato legal, “vamos a pagarle en efectivo el precio equivalente a esa compensación o permuta que se podía plantear”.
Negó que se haya adelantado el procedimiento legal, al señalar que no se incide en un acto de derecho público cuando se habla de irregularidades. “Si el Congreso autoriza y ordena que conforme a la ley se haga una subasta pública, se cumplirá; en este caso las cuestiones no atañen a la relación ejecutivo-legislativo, sino a las del Gobierno con la familia Chavarría, nada más”.