Las propuestas presentadas han sido objeto de análisis
La consulta a la sociedad de Durango, para enriquecer con propuestas y sugerencias las reformas al Código Penal, ha sido amplia y de manera abierta y a través de diversos canales, además de que aún hay tiempo para que los interesados en hacer alguna observación, la hagan llegar directamente a la Comisión Legislativa de Justicia, que será la encargada de dictaminar, además de que es la instancia responsable de organizar los foros y recibir las opiniones.
Desde hace alrededor de un año que inició el proceso de consulta a los diversos sectores de la población en general, para adecuar la legislación penal local, ?al ideal que recoge la Constitución del Estado Mexicano, como estado democrático y de derecho que es y con ello hacer realidad los postulados que consagran esas concepciones reconociendo y respetando la dignidad y las libertades humanas?, enfatizó Octaviano Rendón Arce, presidente de la Gran Comisión de la LXII Legislatura Local, al comentar que de los 446 artículos que consta el Código Penal, cerca de 90 han sufrido modificaciones, de acuerdo a observaciones recogidas de especialistas.
Además reconoció las iniciativas de diputados de la actual y pasadas legislaturas, que propusieron reformas al Código Penal, y que también han sido objeto de análisis por parte de la comisión de justicia, para hacerlas parte de la reforma.
Al explicar que la legislación penal, constituye un ordenamiento básico para regular la convivencia humana, al establecer un catálogo de conductas y sanciones para aquellos que quebrantan el orden social y que ponen en riesgo la seguridad de las personas y la sociedad, Rendón Arce, señaló que de acuerdo a los avances del proyecto de reforma, el Código se divide en dos libros, el primero con los principios generales, las sanciones, las medidas de seguridad, mientras que el segundo, un catálogo de conductas antijurídicas, mismas que son sancionadas por tal instrumento con el propósito de que impere la armonía.
Dijo que en el capítulo preliminar de la iniciativa, se consagra el principio de culpabilidad, que es piedra angular en todo derecho penal de un estado democrático, al exigirse en tales dispositivos que ?no podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente, es decir, no podrá imponerse alguna si no se demuestra que previamente que se es culpable?.
En lo que se refiere a las nuevas figuras delictivas que contempla el proyecto, destacó las siguientes: intimidación, violación de recintos oficiales, denegación o retardo de justicia y prevaricación, tortura, fraude, procesal, simulación de pruebas, falsificación de tarjetas de crédito y otros documentos y títulos al portador, delito de asociación delictuosa, pandillerismo y delincuencia organizada, pornografía infantil, sustracción de menores, violación a la intimidad personal o familiar, acoso sexual, violación entre cónyuges, etc.
Ordenamiento
El producto de las propuestas
?Creemos que esa pluralidad que hoy se expresa en la sociedad debe incorporarse a los textos legales, eliminando residuos de la arbitrariedad o la posibilidad de interpretar a capricho de la autoridad los conceptos de la ley?, expresó Rosario Castro Lozano, presidenta de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura local, al señalar que aún está abierto el proceso de consulta para reformar el Código Penal, por lo que interesados en hacer observaciones a la iniciativa, aún pueden hacerlo, de tal manera que el ordenamiento se enriquezca aún más.
?No existe política pública alguna que tenga eficacia sin que la sociedad comparta los objetivos que se persiguen. En la medida que el individuo interiorice esos objetivos y valores hasta el punto de aceptarlos como propios y que en sus relaciones sociales se comporte conforme a dichos valores. La reacción punitiva será la menos necesaria?, añadió.
A decir de Rosario Castro, la iniciativa surge de otras que fueron presentadas por los representantes de los partidos políticos en el Congreso del Estado, así como de las diferentes disciplinas del conocimiento, ?tanto en el ámbito académico como de investigación, dónde nos propusimos crear un instrumento claro y sencillo de entender, interpretar y aplicar para los encargados de procurar y administrar justicia, pero que al mismo tiempo no abrirá la puerta a la posibilidad de violaciones a los derechos humanos o se atente contra las garantías del debido proceso?.