Madrid, ESPAÑA.- La cancillería argentina pidió al Gobierno español un trato de excepción para los 80,000 ciudadanos argentinos que viven en España como residentes irregulares. El Ejecutivo que lidera Néstor Kirchner pretende que España exima a esos residentes de la obligación de volver a su país para tramitar los visados de trabajo, algo que según la nueva Ley de Extranjería es un requisito previo e indispensable para obtener el permiso de residencia. A pesar de las dificultades jurídicas que afronta la petición, una Comisión Bilateral buscará soluciones en el corto plazo.
El embajador argentino en Madrid, Abel Parentini Posse, se reunió el miércoles con Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación, y le entregó una nota diplomática con la petición formal del Estado argentino. En concreto, el Gobierno del presidente Néstor Kirchner solicita a España que exima a los residentes irregulares argentinos de la obligación de volver a su país para tramitar los visados de trabajo. Según la nueva Ley de Extranjería, la obtención de esos visados es un requisito indispensable para después pedir el correspondiente permiso de residencia en España.
“Tenemos que evitar que miles de argentinos sufran la humillación de tener que pagar un billete de avión en cuotas para ir a Argentina a pedir algo que muy bien les puede ser concedido aquí”, señaló Parentini Posse al término de su encuentro con Cortés.
La nota presentada por la cancillería argentina insta a España a conceder a los inmigrantes del país austral un “trato recíproco” al que, en su momento, Argentina dio a los miles de españoles que decidieron afincarse en ese rincón del Cono Sur. “Tenemos una relación histórica que no puede ser ignorada. Hasta los conservadores argentinos abrieron sus brazos a los republicanos que huían de España, y el propio Cortés me dijo que su abuelo, nacido en Huesca, se marchó a Argentina cuando aquí las cosas se pusieron un tanto duras”, relató Parentini Posse.
La solicitud de Argentina deberá ser tratada por una Comisión Bilateral, que será la encargada de proponer soluciones prácticas en el corto plazo. Desde el punto de vista jurídico, la pretensión del país austral se da de bruces con las reglas que contiene la nueva Ley de Extranjería, aunque los funcionarios argentinos esperan que sus homólogos españoles permitan, al menos, la existencia de una “situación de hecho” en la que los irregulares posean ciertos derechos básicos. La Embajada argentina baraja la posibilidad de otorgar a esos residentes una “matrícula consular”, un documento que de ser reconocido por España serviría a sus portadores para hacer trámites elementales.