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México, DF.- Ayer entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, instrumento que contiene los lineamientos para sancionar delitos graves extra fronterizos, cometidos por grupos criminales.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, y la subsecretaria para Temas Globales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi, dijeron que esta convención contiene disposiciones y mecanismos novedosos para combatir la delincuencia organizada transnacional.
Entre estos mecanismos se encuentran disposiciones sobre extradición, asistencia judicial recíproca, cooperación jurídica y la obligación de los Estados parte de esta convención para que adopten medidas legislativas y administrativas para sancionar los delitos que trasciendan fronteras.
En rueda de prensa en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), los funcionarios federales informaron que a partir de ayer, México se somete a las disposiciones de este instrumento que contempla tres protocolos encaminados a la protección de migrantes; el maltrato a personas, y contra el tráfico ilegal de armas.
Los funcionarios federales indicaron que el Protocolo contra el Tráfico de Ilícito de Migrantes no penaliza al indocumentado, sino al traficante, quien busca obtener un beneficio económico al facilitar el ingreso de personas de forma ilegal, arriesgando la vida de éstos.
Asimismo, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, establece medidas de cooperación internacional para detectar el tráfico de seres humanos.
La Convención de Palermo, permitirá a México complementar su marco jurídico y modernizar la legislación nacional en materia de delincuencia organizada, así como la cooperación internacional en la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos graves cometidos por grupos delictivos organizados.
Entre los beneficios al marco jurídico del país, se encuentra el enriquecimiento de las herramientas que contiene la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, necesarios para el combate de este tipo de delitos.
Los países sujetos a esta convención, están obligados a adoptar legislación y prácticas internas que lleven a prevenir o eliminar actividades relacionadas con el crimen organizado.
Para combatir el delito de “lavado” de dinero, se estableció que el secreto bancario en ningún momento puede ser utilizado para encubrir actividades criminales.
Los países tendrán que pedir a los bancos que mantengan registros precisos, los cuales deberán estar a disposición de las autoridades para su inspección.