Agencias
México, DF.- Ayer anunció la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que acatará la resolución que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dicte en torno a la sanción que por mil millones de pesos le impuso el Instituto Federal Electoral (IFE).
El coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo en conferencia de prensa, que su partido es respetuoso de la legalidad.
Ahí, admitió que tanto él como Rafael Ortiz, representante suplente del PRI ante el IFE, tuvieron contacto con los magistrados del Tribunal para dar a conocer sus argumentos, y aseguró que no hubo “nada ilegal” en estos contactos.
Yunes acusó al IFE de que a través “de algunos funcionarios de alto rango se ha convertido en litigante de este asunto exigiendo que se resuelva a su favor, por una razón de Estado”.
Además, dijo que el Gobierno Federal ha insistido en que la multa al PRI se resuelva “no conforme a la ley, sino conforme a la razón de Estado”, lo mismo ha ocurrido, dijo, con algunos partidos como el PRD que, en voz de su dirigente nacional, Rosario Robles Berlanga, y mediante presión directa, han exigido a los magistrados del Tribunal resolver contra el PRI.
Por otra parte, de acuerdo con reportes de la Contraloría Interna del Revolucionario Institucional, el Comité Ejecutivo Nacional del partido ordenó el mes pasado investigar posibles manejos irregulares en las cuentas de los Comités Directivos de Baja California Sur, Morelos y Jalisco. Aplicada por primera vez en la historia del partido, la medida ha causado irritación en las dirigencias de los dos primeros estados, las cuales se resisten a entregar información sobre cómo manejan el dinero que reciben.
La investigación ordenada a la dirigencia del PRI en Morelos es considerada como la más delicada, pues ya se tiene detectado al menos un posible fraude relacionado con la rifa de un automóvil que nunca se entregó, fue utilizado por miembros del partido durante un año y luego intentó sortearse por segunda ocasión.
En Baja California Sur la revisión a las finanzas Revolucionario Institucional local debió empezar el 11 de abril, pero también ha tenido que ser frenada, luego de que el comité estatal no ha entregado la información que se le ha solicitado sobre sus cuentas.