En México se ha tenido la percepción en algunos sectores que el periodismo es el principal beneficiario de una Ley de Acceso a la Información Pública. No es, por supuesto, el caso. En un acucioso trabajo titulado “Proyecto periodismo y acceso a la información pública” (donde se estudian los casos de México, Perú, Uruguay y Argentina), elaborado por las abogadas argentinas Dolores Lavalle, Cornelia Schmidt-Liermann y Marta Rovere, se analiza la percepción y conocimiento de los periodistas y los medios de comunicación sobre el acceso a la información pública: qué relación hay entre tener una ley de acceso y no contar con ella, entre otros temas correlativos. La metodología del estudio fue el análisis cuantitativo y cualitativo y entrevistas a profundidad con periodistas y directivos de los países que sirvieron como muestra del estudio.
En México, el estudio sostiene que los periodistas proponen: “Establecer los parámetros para determinar qué tipo de información es clasificada y cuál no, en forma multidisciplinaria, acudiendo a expertos, académicos y funcionarios públicos; disminuir al máximo posible las categorías de información reservada, con la creación de mecanismos de liberación de la información, a fin de obligar a las dependencias públicas a dar a conocer todos los documentos que producen; dar mayor educación y cultura de funcionarios, periodistas y lectores acerca de los mecanismos de transparencia y su marco legal; observar la correcta aplicación y utilización del marco legal de acceso a la información; difundir la Ley de Acceso a la Información, con un organismo que vigile la aplicación de la ley de acceso a la información y de los mecanismos de transparencia; emplear tecnologías modernas para acceder a la información, en especial, a través de las páginas web, a condición de que en ellas se vuelque toda la información disponible por la dependencia y no sólo aquella que se considera oportuna; eliminar trámites burocráticos para solicitar información y dar mayor apertura de las dependencias públicas y contar con el personal idóneo y capacitado para la entrega de información y apertura de archivos oficiales”.
De la misma manera el estudio asegura que en relación con los medios informativos, los periodistas mexicanos propugnan por: 1. La utilización frecuente, razonada y responsable de las leyes de acceso a la información. Esta ha sido la propuesta reiterada por la mayoría de los periodistas. 2. El enfoque social en el uso de la información que prevalezca sobre el concepto mercantil o político de la misma. 3. La ética en el ejercicio de la profesión periodística, responsabilidad en el trabajo que se ofrece al lector y precisión en los datos y la información brindada. 4. La capacitación de calidad a los periodistas en el empleo del marco jurídico de regulación del periodismo”.
Es interesante observar que las ideas que se reproducen en los periodistas muestran un avance significativo sobre lo que sucede en otros países, circunstancia que pone de relieve que al menos se ha logrado posicionar el tema en la agenda pública mexicana, sobre todo si se considera lo que sucede en otros países. Así, por ejemplo, en Uruguay el nivel de discusión registra un desarrollo menor al que existe en México, pese a lo mucho que falta por hacer aquí también.
En efecto, basta con ver las propuestas de los periodistas, quienes pugnan porque haya un “cambio cultural de las autoridades públicas en el reconocimiento de los derechos ciudadanos y acerca de su rol (son administradores de la cosa pública “no los dueños de lo público); haya educación a los funcionarios sobre sus obligaciones en materia de entrega de información; haya transparencia en la gestión pública; se sancione el incumplimiento de la ley; se reglamente la forma en que deben contestarse los “pedidos de informes” a nivel parlamentario nacional y local, y se establezcan sanciones a las omisiones y la derogación del delito de desacato”.
Entre las conclusiones del estudio se sostiene que “el sector que mostró mayor interés en el tema fue el periodismo que se desempeña en medios gráficos. Esta afirmación será de importancia para la toma de decisiones ya sea, en la búsqueda de posibles protagonistas y aliados en la problemática, así como para la identificación de aquellos sectores donde es necesario encarar o intensificar la concientización acerca del tema. En cuanto a la percepción y comportamiento que el periodismo tiene respecto del tema, se distinguen tres posiciones: por un lado el periodismo y los medios de comunicación de México lideran la movilización e instalación del tema en la agenda pública.
Por otro, el periodismo independiente de Perú realiza una intensa campaña de difusión y compromiso con la temática. Por último, en Uruguay y Argentina sólo se identificaron casos aislados de periodistas involucrados con la instalación y divulgación del derecho de acceso a la información”. Cabe señalar que en ninguno de los casos analizados en los cuatro países se percibe la vieja conseja de que una ley de acceso es una “ley mordaza” ni tampoco se observa oposición a su existencia; antes bien, existe consenso en la necesidad de que haya leyes de acceso que sean eficaces y que haya una socialización de conocimiento sobre el asunto y también queda claro, en el mayor número de los periodistas consultados, que una Ley de Acceso a la Información Pública no es una ley de medios de comunicación o para periodistas, sino para ensanchar el derecho a saber de todas y cada una de las personas.
La elaboración de investigaciones como la realizada por las juristas argentinas da cuenta, en suma, que el periodismo va teniendo cada vez más claro su rol, a pesar de las enormes diferencias, por ejemplo, que hay entre la prensa mexicana y la argentina para crear agenda con el tema.