El punto de acuerdo concertado por el Congreso de Coahuila con relación a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial Federal en el Estado, constituye un esfuerzo que debe continuar.
En los Tribunales Colegiados de Circuito se distribuye el ejercicio del Poder Judicial federal, para el efecto de administrar justicia en ese nivel de Gobierno, en cada uno de los estados de la República.
Dada la posición geográfica estratégica de Torreón, es sede del Octavo Circuito en el que operan esta clase de tribunales desde hace más de cuarenta años y desde entonces, en tales tribunales y en nuestra propia ciudad, se han resuelto en última instancia por vía de amparo directo los juicios civiles y penales iniciados en los juzgados estatales de toda la Comarca Lagunera de Coahuila.
Los Tribunales Colegiados de Torreón tuvieron jurisdicción y competencia sobre todo el territorio del estado de Coahuila hasta el año pasado, en que se constituyó un Tribunal Colegiado en la ciudad de Saltillo para el efecto de conocer de los asuntos de las regiones sureste y norte de la entidad.
La creación de un nuevo Tribunal con sede en la Capital del estado para el efecto de atender otras regiones sin afectar el funcionamiento de la administración de justicia en Torreón, habría sido un logro positivo para todos los coahuilenses, en la medida en que se hubiera generado un nuevo polo de atención en otra parte del territorio de nuestro estado que implicara un acercamiento de la justicia federal hacia los ciudadanos justiciables, sin consecuencias negativas.
Sin embargo la fundación del nuevo Tribunal y la división del trabajo fueron operados de manera equivocada, porque el Poder Judicial asignó el conocimiento de los juicios de amparo directo para resolver en última instancia los procedimientos civiles y penales de todo el estado en el Tribunal Colegiado con sede en Saltillo, incluidos los juicios iniciados en Torreón y el resto de los municipios de la Comarca Lagunera.
Las consecuencias negativas son fácilmente previsibles. Por una parte el Tribunal de instalación reciente en Saltillo nació congestionado e insuficiente, pues de manera súbita se sobrecargó con el trabajo que en materia de amparo directo civil y penal correspondía a los tres tribunales similares que existen en la ciudad de Torreón.
Por lo que hace a los ciudadanos demandantes de justicia de la ciudad de Torreón y del resto de la Comarca Lagunera de Coahuila, viven el absurdo de tener que trasladarse a la ciudad de Saltillo para atender los amparos directos que promueven en materia civil y penal, a pesar de que existen tres Tribunales Colegiados de Circuito con asiento en esta plaza, que de un día para otro vieron desplomar su estadística.
Como se ve, el acuerdo del Poder Judicial federal que determinó la distribución de la competencia territorial en el caso que nos ocupa, fue tomado sin el debido conocimiento de nuestra geografía y de las condiciones especiales que privan en la Región Lagunera e implica una regresión en el tiempo a cuatro décadas atrás.
Esta situación que prevalece en materia de Administración de Justicia a nivel federal en la región no corresponde a un error aislado, sino que forma parte de una tendencia negativa que en los últimos años ha desplazado las oficinas y dependencias federales de diversa índole que existían en la Comarca Lagunera, para ser trasladadas a otros lugares, privando de la atención que los ciudadanos comarcanos merecemos por parte de nuestras autoridades.
Por ello en sesión ordinaria del Congreso de Coahuila celebrada a principios de mes, fue tomado por unanimidad de los diputados de todos los partidos, un punto de acuerdo que busca corregir la situación que es objeto de comentario, a fin de que los Tribunales Colegiados que tienen residencia en Torreón, vuelvan a conocer de los amparos directos promovidos en relación con las sentencias definitivas que se dicten en los juicios civiles y penales iniciados en nuestra ciudad y en cualquier otro municipio de la región.
Esta lucha por recuperar la calidad perdida en el rubro de la administración de justicia en el tema indicado, incumbe a comunidad y autoridades locales y como tal debe ser asumida.
Los ciudadanos de Torreón y del resto de los municipios de la Comarca Lagunera, interpelan a ese respecto al gobernador Enrique Martínez así como a todos y cada uno de los presidentes municipales de la región, para el efecto de constituir al respecto un frente común de gestión de cara al Poder Judicial Federal.