Las acusaciones hechas a un funcionario de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, que lo señalan como protector del tráfico de drogas al menudeo en nuestra ciudad, ameritan ser investigadas. De acuerdo a los antecedentes, el policía ahora suspendido en virtud del escándalo habría sido objeto de una investigación directa ordenada por el alcalde Guillermo Anaya, para confirmar o desechar sospechas sobre el particular.
Respecto a esto último el Alcalde no ha negado la especie, lo que aunado a la suspensión decretada en contra del oficial hace suponer que algo hay de cierto a este respecto. Sin que ello implique prejuzgar, la suspensión es procedente para el efecto de asegurar una investigación imparcial y en todo caso, no es admisible que continúe en el ejercicio del cargo un funcionario que sea objeto de tal entredicho.
El funcionario en cuestión tiene malos antecedentes, pues hace año y medio en su condición de presunto estudiante de la Facultad de Derecho de la UAC, esgrimió un arma de fuego durante un proceso electoral interno en esa institución. El protagonista de tan anacrónico cuanto reprobable episodio, fue detenido pero tratado en forma benigna por las autoridades, a pesar de tratarse de un arma prohibida de las reservadas al uso del ejército.
El personaje es un policía de carrera que ha sobrevivido en activo a cinco administraciones municipales, a excepción de la pasada en que según versiones estuvo cobrando como inspector, pero sin trabajar. Las acusaciones actuales son graves y las deberá investigar la nueva Delegada de la Procuraduría General de la República, de cara a una comunidad deseosa de que se combata el narcomenudeo en nuestra ciudad y región.