TORREÓN, COAH.- A la fecha las 12 denuncias presentadas por estafa telefónica en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, no han sido resueltas, pues los exhortos de colaboración enviados a otras entidades siguen sin respuesta y en consecuencia las investigaciones se encuentran estancadas.
Eliseo Cabrales Saldaña, coordinador de Agencias Investigadoras del Ministerio Público, informó que desde hace aproximadamente ocho meses, la Procuraduría comenzó a recibir un número de denuncias considerables por estafa o fraude con modalidad agravante.
La Procuraduría, dijo, integró las averiguaciones correspondientes. La estafa consiste en llamadas telefónicas que realizan sujetos haciéndose pasar por familiares de las personas a quienes les hablan, les dicen que han sufrido un accidente y requieren cierta cantidad de dinero para llegar a un acuerdo para no ser detenido.
Intervienen cuando menos dos personas porque uno se hace pasar por familiar y el otro por un agente o un comandante de la Policía Federal de Caminos, luego facilitan un número de cuenta para que los familiares depositen la cantidad solicitada.
“Se han llevado a cabo diversas diligencias pero hasta ahora tenemos casi integrada la totalidad de las averiguaciones, estamos esperando una información que se solicitó vía exhorto a otras procuradurí-as donde también han operado e incluso se tiene a dos personas detenidas”.
En Guadalajara se detuvieron dos personas en Mayo del 2002, en base a esto el Agente del Ministerio Público, responsable de integrar las averiguaciones en Torreón, solicitó vía exhorto las diligencias relacionadas con la detención de Bruno Castillo y Carlos Jesús Jiménez, quienes participaron en estafas telefónicas.
Dichas personas se encuentran a disposición del Ministerio Público de Guadalajara, Jalisco, pero hasta ahora la Procuraduría no ha obtenido respuesta de esa entidad y las averiguaciones se encuentran pendientes de determinarse y consignarse, por la falta de respuesta a los exhortos.
“Ellos fueron detenidos con la misma modalidad de operación, es decir, se presentaron para tratar de hacer efectivo el cobro de un dinero que antes habían exigido a una familia vía telefónica”.
En la PGJE se han interpuesto 12 denuncias y según Cabrales Saldaña, los artículos 424 y 425 del Código Penal de Coahuila, establecen que la penalidad por el delito de fraude cuando es de cuantía menor alcanza cinco años de prisión, pero cuando es de cuantía mayor es de dos a ocho años, en este caso el castigo es mayor porque existe un agravante de estafa, las sanciones se incrementan en un tercio.