La programación en la agenda de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, del desafuero del senador y líder petrolero Ricardo Aldana, constituye un duro revés para la negociación entre los grupos parlamentarios del país. La inclusión del tema tiene su origen en la transferencia de recursos económicos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial del PRI y de Francisco Labastida Ochoa.
Los priistas se dicen lastimados por el asunto y para no reconocer que su deseo es excluirlo del debate nacional y negociarlo en corto con el Presidente de la República y su Partido, manifiestan su desacuerdo en las formas. Por ello acusan al Presidente de la Cámara Juan de Dios Castro, el haber violado el procedimiento en cuestión y los acuerdos que sobre el particular presuntamente concertaron los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI.
El planteamiento pone de nuevo a la sociedad mexicana en condición de rehén, en un asunto que concierne al gran problema histórico del Régimen de Partido de Estado en dos vertientes. La primera de ellas es relativa a la incorporación de los grandes sindicatos al PRI y la segunda, a la transferencia sistemática de recursos públicos vía la puerta sindical, a las arcas del otrora partido hegemónico.
Está claro que los priistas no están dispuestos a que el desafuero de Aldana sea el principio de un juicio político en contra del antiguo régimen y sólo falta si los demás partidos cejarán en su empeño. Lo anterior coloca el tema de los acuerdos políticos nacionales en el riesgo de sucumbir, pese a los discursos conciliadores que escuchamos el pasado primero de septiembre.