Entusiasmado por la firma de un Acuerdo Nacional para el Campo, el presidente Fox anunció el martes que celebraría el Día del Trabajo con un “acuerdo nacional entre los factores de la producción”. Como si no tuviera presentes los enormes esfuerzos de negociación —y la movilización previa— que antecedieron al pacto sobre política de Estado en materia rural, voluntarista como es, confiado en que basta “echarle ganas” a un problema para resolverlo, el Ejecutivo quizá crea que basta la buena fe para poner en sintonía a sindicatos y agrupaciones empresariales. Pero en realidad no hablaba de acuerdo alguno, según precisó de inmediato el secretario del Trabajo Carlos Abascal.
Se tratará de una invitación a los empresarios para que inviertan más, a partir del compromiso de su gobierno de incrementar la inversión pública en infraestructura. Se buscaría de ese modo dinamizar el mercado interno, habida cuenta de las limitaciones del sector más activo de la economía, el que puede exportar, ante la atonía generalizada en la economía mundial.
No habrá acuerdo en la esfera del trabajo en el sentido en que lo hubo en el campo. Tampoco hubo consenso legislativo para llevar adelante la reforma laboral. Apenas en diciembre pasado, en vísperas de que concluyera el período otoñal de sesiones, el penúltimo de esta legislatura, un grupo de diputados presentó la propuesta a la que por su verdadero origen se llama “reforma Abascal”.
Cocinada entre abogados empresariales y los dirigentes corporativistas, la propuesta de parchar la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue mal recibida aun en los círculos a que pertenecen a los legisladores que la hicieron suya (algunos de ellos sin leerla siquiera), porque disminuye derechos sin mejorar las condiciones laborales como se requiere para incrementar la productividad.
No corrió con suerte el intento de reforma patrocinado por la Secretaría del Trabajo. Las comisiones encargadas (han sesionado juntas las del Senado y de San Lázaro) adelantaron en la preparación de un dictamen que mella algunos de los peores defectos de la propuesta. Un experto que sigue la discusión ha percibido que “en lugar de una reforma regresiva de la LFT para favorecer la flexibilización unilateral, mantener las estructuras corporativas y afianzar las bases de sustento de los contratos de protección, (en el dictamen) se propone normatividad nueva que ciertamente permite la flexibilización de las condiciones de trabajo pero condicionada a la negociación bilateral con el sindicato o, de no haberlo, con la coalición mayoritaria de los trabajadores”. Igualmente el dictamen recoge otras propuestas relativas a la democratización y la libertad sindical.
Esas comisiones sesionaron por última vez el lunes pasado y ante la falta de consensos, se convino en suspender las reuniones durante los próximos quince días y reanudarlas en la segunda mitad de mayo. Si avanzara en la conciliación de puntos de vista adversos, los legisladores que preparan el dictamen buscarían que se citara a un período extraordinario de sesiones. No parece una aspiración realista, toda vez que para entonces el clima electoral lo envolverá todo, y difícilmente los partidos adoptarían posturas que les significaran un costo ante las urnas. Puede decirse ya, por lo tanto que no prosperó la pretensión de Abascal (para usar la atribución que hacen las agrupaciones adversas a ella), pero tampoco se abrieron camino las mociones presentadas por otras tendencias laboralistas.
Las más activas de ellas desfilarán juntas en la ciudad de México en este primero de mayo. Y, lo más importante, han manifestado un amplio arco de demandas conjuntas, como prolongación de sus pasos iniciales en torno de los problemas del campo. El signo característico de este Día del Trabajo, así, es la posición común de organizaciones campesinas que presionaron hacia la obtención del acuerdo rural, con relevantes agrupaciones sindicales que las apoyaron en su movilización.
Si nos atuviéramos a la formalidad, podría decirse que en la unidad de acción que plantean estos agrupamientos se expresan la mayoría de los asalariados del país. En el Congreso Agrario Permanente, en efecto, se hallan las centrales —incluida la CNC— donde milita el mayor número de jornaleros y asalariados rurales. Y los organismos propiamente sindicales, la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, entre otros aglutinan a gremios de enorme importancia numérica y estratégica, como telefonistas, electricistas (del SME), pilotos y sobrecargos de aviación, trabajadores universitarios y de la seguridad social así como los que contratan con grandes consorcios industriales como la empresa Volkswagen.
Todos esos agrupamientos lanzaron un manifiesto en que, junto a la retórica al uso y las propuestas coyunturales que no conciernen directamente a los firmantes (o no son causa exclusiva suya), se expresan opuestos a “la proliferación del contratismo de protección, la sobrevivencia del corporativismo sindical y la baja tasa de sindicalización y organización de los trabajadores... tres graves problemas que debemos superar si queremos construir una propuesta clasista”.
Se congratulan, por lo pronto, de “la cristalización de diversos proyectos de reorganización y unificación sindical”, como el pacto de unidad entre la UNT y el FSM, y la constitución del Frente Sindical Campesino y Social, y la Asociación Nacional de Trabajadores. Por lo pronto, allí sí hay acuerdos.