SUN-AEE
MÉXICO, DF.- “No quería llegar a esto, pero ya me cansé de la falsedad y el dolo con que actúa el Conaculta”, señaló el director de orquesta Eduardo Diazmuñoz.
Con esta sentencia, Diazmuñoz anunció que presentará dos quejas y una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); y contra Antonio Hernández Brito, coordinador nacional de Asuntos Laborales de la misma institución, “por simulación de actos jurídicos y delitos cometidos por servidores públicos”.
Tras considerar que el Conaculta no cumplió con la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de restituirlo en su cargo como director de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, del Sistema Nacional de Fomento Musical y del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el abogado del músico, Jorge Raúl Muñozcano, detalló cuáles serán las acciones que realizarán en los próximos días.
“Se tomarán tres medidas: una queja fiscal, presentada antes del 15 de agosto, por incumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, contra Sari Bermúdez, Antonio Hernández Brito y los que resulten responsables, por simulación de actos jurídicos y delitos cometidos por servidores públicos; y una queja administrativa ante la Secretaría de la Función Pública, a fin de que se inicie un procedimiento por posibles conductas sancionadas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Diazmuñoz dice que ya no sabe si el asunto le provoca risa o indignación, pero asegura que se siente sorprendido por “la cantidad de mentiras” que se han acumulado en este problema.
Para empezar, indica que el Conaculta trata de engañar a las autoridades al invocar un contrato de servicios profesionales, bajo la modalidad de honorarios, con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 1997, pues asegura -con documentos entregados a los medios informativos-, que éste le fue enviado el 18 de diciembre del mismo año (un día después de su destitución), y que además es un documento que no fue firmado por ninguna de las partes.
“El contrato que invoca el Conaculta no existe, jamás ha existido, Diazmuñoz fue contratado directamente por las asociaciones civiles a través de un contrato de carácter laboral por tiempo indefinido, puesto que su cargo se lo dieron a nivel de instrumentos notariales, y si Conaculta absorbió los recursos humanos de esas asociaciones civiles, absorbe la esencia de origen de su contratación”, explica Muñozcano.
En 1997, el Conaculta, con Rafael Tovar y de Teresa como presidente, acusó a Diazmuñoz de nepotismo y lo separó de su cargo.
Tras un largo juicio, las autoridades competentes determinaron que el músico debía ser restituido en su cargo antes de finalizar el primero de agosto de 2003.
Al considerar que no se cumplió con la sentencia, Eduardo Diazmuñoz asegura que “va hasta las últimas consecuencias” y aclara que lo siente por la titular del Conaculta.
“Sari Bermúdez está siendo engañada. Su jurídico la está involucrando en problemas legales bastante graves sustentados en hechos falsos como el contrato de prestación de servicios que invocan. Lo siento por ella porque es una mujer de buena voluntad, una mujer ingenua”.