TORREÓN, COAH.- La noche del pasado martes, agentes de varias corporaciones policiales desalojaron a cerca de 20 familias posesionadas de terrenos en el poblado La Robla, perteneciente a este municipio y ahora tres funcionarios enfrentan una denuncia penal por parte de los afectados.
Manuel Campos López, Isidro Alcalá Rojas, Flavio Alemán Saucedo y Víctor Vital González, son algunos de los denunciantes que narraron los hechos a través de la denuncia presentada en la Agencia del Ministerio Público, en contra de José Luis Ramírez, titular de Asuntos Especiales de la Delegación I de la Procuraduría de Justicia del Estado; Javier Gutiérrez Pesquera, director de Seguridad Pública Municipal y Rafael Sayavedra Romero, comandante de la Policía Preventiva del Estado.
Tras declarar ser legítimos posesionarios de las tierras ubicadas en el poblado La Robla, acreditada con la Resolución del Tribunal Superior Agrario y del mandamiento del Gobernador de Coahuila, de fecha 10 de octubre de 1985, manifestaron que el pasado martes, aproximadamente a las 19:30 horas, arribaron varias patrullas de las citadas corporaciones policiales.
“En forma sorpresiva, arbitraria y con lujo de violencia, a empujones, patadas y golpes (los agentes) arremetieron en contra de los denunciantes, sin haber motivo alguno y sin que presentaran una orden de desalojo”.
El grupo era comandado por José Luis Ramírez, que según la denuncia, ordenó a los agentes sacar a toda la gente de los 17 jacales y quemaran todo, con camas, macetas, pájaros y jaulas, además de detener a más de 15 personas, entre ellos varios menores de edad.
María Elizabeth Estrada Macías, una de las denunciantes, manifestó que al enterarse de la situación esa misma noche, acudió junto con otras personas a las oficinas de la Policía Ministerial de esta ciudad, donde la insultaron y también fue privada de su libertad por espacio de media hora.
Los quejosos solicitan públicamente al gobernador del Estado, Enrique Martínez, ordene una investigación imparcial de los hechos, tomando en cuenta que uno de los denunciados es funcionario de la Procuraduría de Justicia del Estado y no puede actuar como juez y parte, así como aplicar la sanción correspondiente a los infractores que resulten responsables.
Indicaron finalmente que el litigo por la tierras lo enfrentan con dos pequeños propietarios influyentes, pero reiteraron que no permitirán atropellos de las autoridades y seguirán los conductos legales en su defensa.