TORREÓN, COAH.- Cuatro presuntos agentes de la Policía Ministerial fueron acusados por extorsión y despojo por una mujer a cuyo esposo mantuvieron secuestrado por espacio de varias horas hasta que les entregara la cantidad de 100 mil pesos. Como no consiguieron esa suma, se conformaron con un auto modelo 1998 y ocho mil pesos en efectivo.
José Luis Ramírez Hernández, coordinador de Asuntos Especiales de la Delegación Laguna Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que desde el ocho de enero del presente año se recibió la denuncia en la cual se señala a cuatro elementos ministeriales como responsables de tales delitos.
La afectada, María de Jesús Velasco Requejo, de 32 años de edad, fue quien interpuso la denuncia contra quien resulte responsable del despojo de su vehículo, un Nissan Sentra, 1998, el 29 de junio de 2002.
Los hechos
Según lo asentado en la averiguación previa, la fecha en mención, María de Jesús se hallaba en su domicilio, a eso de las 16:00 ó 17:00 horas, cuando recibió una llamada de su esposo donde le decía que reuniera cien mil pesos, pues cuatro ministeriales lo tenían secuestrado.
El cónyuge de la afectada, Fernando Mascorro Villarreal, de 29 años de edad, dijo el coordinador de Asuntos Especiales, cuenta con una ficha en donde se señala que estuvo preso acusado del delito de robo de vehículo, siendo detenido el 3 de junio de 1995 e internado en el Cereso de Gómez Palacio, Dgo., donde permaneció hasta el 27 de junio de 1997, cuando se le dictó sentencia absolutoria.
Más tarde, la mujer recibe una segunda llamada, en donde su marido Fernando le pregunta si ya consiguió el dinero, al tener una respuesta negativa, fue entonces cuando le dijo que entregara el auto en mención, así como las llaves y la factura, también los ocho mil pesos que logró conseguir, a las personas que irían en poco tiempo.
Posteriormente, llegó hasta su hogar su cuñado que era acompañado de una persona desconocida del sexo masculino, a quien hizo entrega de lo que le dijo su esposo, que llegó al domicilio conyugal sano y salvo, cuatro horas después.
Cabos sueltos
José Luis Ramírez Hernández dijo que aún faltan algunas cosas por establecer, a fin de comprobar si efectivamente elementos de la Policía Ministerial están o no involucrados en este ilícito.
De resultar cierto, de inmediato quedarían suspendidos, además que se les iniciaría un procedimiento administrativo, afirmó.
De igual forma, puntualizó, se les abriría un proceso penal en donde de resultar responsables se harían acreedores a las sanciones que marca el Código Penal del Estado de Coahuila.
Tan pronto se ubique a la persona que en la actualidad tiene el vehículo, se le citará para saber cómo llegó a su poder y de esta forma se podrán esclarecer muchas dudas.
LE PIERDEN LA DENUNCIA
María de Jesús Velasco Requejo no se quedó con los brazos cruzados y en cuanto tuvo oportunidad acudió a las oficinas receptoras del Ministerio Público de la PGJE, donde en compañía de su abogado Alejandro López Hernández, interpuso su formal denuncia. Esto fue en julio pasado, a los pocos días de sufrir la extorsión.
Una de las agencias, no especificó cuál, le recibió su querella, indicándole que regresara luego a ratificarla, pero como nunca le avisaron cuándo, al acudir de nueva cuenta, le dijeron que ya había prescrito.
Fue así como el pasado mes de enero, el día ocho, regresó para interponer de nueva cuenta la denuncia y hasta hace pocos días, ella misma les informó a las autoridades de la PGJE, que ya tenía ubicada a una de las personas (ministeriales) que participaron en ese ilícito.
Sin embargo, todavía en la Delegación Laguna Uno estuvieron dándole largas al asunto, hasta que decidió hablar con El Siglo de Torreón.
“Tengo miedo que por insistir en que se me haga justicia, sea víctima de algún atentado que afecte mi integridad o a alguno de los miembros de mi familia, por parte de los compañeros, amigos o familiares de los inculpados”, dijo.
“No me puedo quedar callada, pues de lo contrario estas personas que se dicen servidores públicos seguirían haciendo de las suyas a cuanta persona se le ponga enfrente y no es justo”, aseguró.
“Más que recuperar mi patrimonio, lo que deseo es que se haga pagar a los responsables de este robo como a cualquier delincuente y que no se les brinde ninguna premisa por ser agentes ministeriales”, expresó.
Finalmente, solicitó la intervención directa del procurador general de Justicia del Estado, Óscar Calderón Sánchez, que este día estará de visita en esta ciudad para la entrega de patrullas a la Ministerial, con el propósito que este ilícito no quede impune y de una vez se destape la cloaca que existe al interior de esa corporación, exigió.