04 de diciembre de 2003
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), María de los Angeles Fromow, reconoció que ya se tienen elementos para proceder contra los tres arraigados por el caso de la venta del padrón electoral, al haberse confirmado traición a la patria entre uno de los delitos que se investigan.
Precisó que por ese ilícito estipulado en el artículo 22 constitucional, los responsables podrían tener una pena de hasta 40 años de prisión.
En entrevista, luego de participar en la presentación del informe final del proyecto de Justicia Electoral de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), destacó que ya se tienen avances para terminar la investigación conforme a derecho en el plazo de 30 días que establece el arraigo, proceso en el cual no descartó que surjan otros delitos de tipo electoral y responsables en el caso.
Cabe consignar que la Fepade inició la investigación luego de una denuncia presentada por el Instituto Federal Electoral (IFE) en abril pasado, porque particulares mexicanos le vendieron a la empresa estadounidense Choice Point -considerada líder en la venta de información- el padrón electoral con información general de 58 millones de ciudadanos mexicanos.
Presuntamente, dicha información sería vendida a su vez por Choice Point al gobierno estadounidense. El caso de inmediato fue denunciado por el IFE, al considerar que los datos que contiene el Padrón Electoral son confidenciales, y aunque cerca de 4 mil personas tienen acceso a la lista, su utilización está reglamentada por la ley.
La semana pasada, Fromow confirmó el arraigo domiciliario de tres de los presuntos implicados en el caso, pero indicó que la investigación aún tiene abiertas varias líneas.
Los arraigados en casas de seguridad en el Distrito Federal son: Jorge López García, director general de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, así como de su gerente Ismael Vaca Ramírez y la ex empleada Adriana López Cuevas.
Fromow insistió en que por ley no puede comentar nada sobre los avances de la investigación, y subrayó que "nuestro deber es perfeccionar esta averiguación previa y en su momento, determinarla conforme a derecho".
No obstante, señaló que son varios de los delitos que se están estableciendo dentro de esta investigación y dependerá de los elementos de prueba que se tengan para saber exactamente por cuales pudieran ser sancionados los implicados.
Destacó que "ya se confirmó públicamente que existe el arraigo por el delito de traición a la patria, por considerar que la información confidencial del Estado mexicano fue entregada a persona, grupo o gobierno extranjero, y es justamente parte de la integración de la averiguación previa".
En otro orden de cosas, la funcionaria señaló la necesidad de la pronta aprobación del proyecto de modificaciones legales para homologar las penas comunes con las electorales, en virtud que los delitos en esta última materia, en muchos casos son menores.
Por ello, dijo, se busca que el Senado apruebe la iniciativa de reformas para hacer una mejor técnica jurídica a fin hacer más eficiente la procuración de justicia en el ámbito electoral.
Detalló que de aprobarse antes de 2006, en las elecciones de ese año ya se aclararán algunos tipos penales, como destrucción de propaganda electoral y el "acarreo" de votantes, pues actualmente sólo se sanciona a quien lleve a las personas, por lo que se pretende ampliar para que se castigue a quien organiza esa movilización de individuos.