Con el foro de consulta correspondiente a la Región Laguna, concluyó ayer la fase para la elaboración del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Estatal. Fue éste el último de una serie de foros que se realizaron en todo el estado mediante los cuales se recabó el sentir de la ciudadanía con la finalidad antes mencionada.
Hasta el auditorio “Braulio Fernández Aguirre” de la Ciudad Universitaria, acudieron cientos de personas con el ánimo de participar en las mesas de discusión sobre los distintos tópicos que deberá abordar la ley, en el entendido de que el proyecto que llegue al Congreso Local, estará a la consideración de los diputados, quienes en su momento la discutirán y, en su caso, aprobarán conforme al procedimiento establecido en la Constitución Local para esos efectos.
Considero que todo intento por transparentar la información gubernamental es plausible, como lo es el significativo hecho de que al tiempo que se cerraba el ciclo de consultas a nivel estatal, el municipio de Torreón, al través de su ayuntamiento, estaba aprobando un reglamento de transparencia, de acuerdo a las facultades que le confiere el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 115 constitucional.
Hay algunos aspectos de ese reglamento que quizás, más adelante, puedan ser objeto de comentario, pero en principio, debe admitirse que el mismo se encuadra en el marco de una buena intención, como lo es, sin lugar a dudas, la que anima al Gobierno del Estado a impulsar la ley estatal.
En ese evento del foro regional al que he hecho alusión, el licenciado Jacinto Faya Viesca, consejero electoral estatal, hizo una magnífica exposición de los aspectos constitucionales que soportan esta nueva corriente de la transparencia informativa y de manera destacada señaló, que a diferencia del nacional, en el ámbito local esta ley partirá de una reforma constitucional que elevará el acceso a la información a rango de garantía constitucional.
Esto, marcará una diferencia importante entre el ordenamiento federal y el local, por lo que, como lo señaló en forma magistral mi estimado Jacinto Faya, Coahuila se coloca así, una vez más, a la vanguardia en materia legislativa a nivel nacional.
Entiendo toda esta apertura informativa, como un proceso gradual, en el cual, la ley de transparencia, es un primer paso para llegar a otros igualmente importantes.
Nadie puede negar que una sociedad informada es una sociedad mejor, aunque para llegar a ese punto, es determinante no sólo que la información gubernamental esté al alcance de todos, sino que el ciudadano sepa cuál es la información a la que desea tener acceso de todo ese acervo informativo y cómo, la misma, le puede ser útil.
Esto es, no basta con saber que la información está ahí, al alcance del ciudadano, sino que éste debe saber cómo puede tener acceso a la información que le interesa y cómo debe usarla para que le sea realmente útil.
En ese sentido, es obvio que arrastramos graves vicios que necesariamente impactarán de entrada al objetivo fundamental de que la sociedad esté mejor informada de como lo ha estado hasta ahora.
Entre esos vicios, destaca el hecho de que millones de ciudadanos no saben de qué forma les puede ser útil la información que el Gobierno, por mandato de la ley, ponga a su disposición y menos aún sabrán cómo procesarla para sacarle el mayor provecho posible.
Este aspecto es uno de los objetivos que sólo a largo plazo podrá alcanzarse, pues se requerirá que el acceso a la información, como garantía constitucional, logre su carta de naturalización entre nosotros. Y eso sólo se puede dar al través del tiempo.Claro está que en la medida en que ese derecho, ya consagrado por la Constitución Local, sea utilizado día con día por los ciudadanos, en esa misma medida ese derecho irá echando raíces en la sociedad. Pero no existe otra forma de iniciar estos procesos de largo alcance, que dando el primer paso, y ese paso es la elaboración de la ley.
Hay otro aspecto que obligadamente debe seguir a este primer paso y es el que se refiere a la forma en que, específicamente los medios de comunicación masiva, harán uso de la información que se pone a disposición de los ciudadanos y por ende, de ellos.
Ese aspecto deberá ser motivo de reglamentación en un momento dado, con la finalidad de constreñir al medio a que haga un uso racional de la información, pues de otra manera, el objetivo de que la sociedad esté informada al través de este nuevo instrumento, quedará en una mera buena intención.
Hemos insistido en otro momento que en el desarrollo armónico de toda sociedad, los medios de comunicación juegan un papel determinante, pues son el conducto por el cual llega al ciudadano todo tipo de información y de manera especial, la gubernamental.
En ese orden de ideas, la información debe llegar al ciudadano sin distorsiones ni tergiversaciones de ninguna naturaleza, pues sólo así se lograría el que éste se pueda informar correctamente. No hacerlo así, sería exponerlo a caer en la desinformación o la distorsión que lejos de ayudar a que construyamos una sociedad mejor, produciría el efecto contrario. Lo anterior no excluye ni el análisis ni el comentario periodístico sobre dicha información.
No basta con que se diga que el ciudadano tendrá la forma de acceder a la información fidedigna, de la misma manera en que lo hizo el medio de comunicación, pudiendo así corroborar lo que éste le transmita. Porque en principio y durante un buen tiempo, serán de manera preferente los medios de comunicación quienes procesen la información que obtengan de esas fuentes y la hagan llegar al ciudadano.
Debe entonces pensarse en un instrumento que reglamente el uso de la información que eventualmente hagan los medios informativos, pues este aspecto es parte importante de la nueva garantía constitucional que ahora se encuentra en fase de proyecto.
Pero eso sería motivo de un comentario específico y de otra fase en todo este proceso que apenas se inicia. Por lo pronto, bienvenida sea la intención de transparentar la información pública y darle acceso al ciudadano para que esté mejor informado.