Signada por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero con la anuencia del Papa Juan Pablo II, se acaba de divulgar una guía para políticos católicos.
La nota periodística relata que en el documento se pide a los legisladores católicos resistir “con uñas y dientes” la legalización del aborto, la clonación humana, la eutanasia y otras iniciativas que, a juicio de la Iglesia, destruyen la dignidad humana.
En uno de sus párrafos, el citado vademécum textualmente afirma:
“La libertad política no está ni puede estar basada en la idea relativista, según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor, sino sobre el hecho de que las actividades políticas apuntan caso por caso hacia la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social”.
Se afirma, igualmente, que el relativismo es el culpable de la decadencia de la razón y la moral.
Sin embargo, el mismo documento sostiene que en asuntos temporales, como lo es la política, Dios permite a los creyentes actuar a “juicio libre”, lo que no excluye el derecho de la Iglesia, añade el documento, de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales “cuando lo exija la fe o la ley moral”.
Todo indica que en asuntos de política la Iglesia pretende, a un mismo tiempo, orientar, inducir, marcar pautas, pero a la vez dejar a los políticos católicos en libertad de actuar a “juicio libre”, o lo que es lo mismo en conciencia.
En principio parece que este asunto no tiene mayor trascendencia, pues por un lado sólo es de interés para aquellos políticos que se consideren a sí mismos católicos, apostólicos y romanos. Obedientes a los dictados de la Iglesia.
¿Cuántos habrá de ésos en el mundo? ¿Cuántos de ellos serán mexicanos?
Quizá para la Iglesia eso poco importa pues ella parte de la base de que es su deber “pronunciar juicios morales sobre realidades temporales” y cumple con éste dando a conocer sus puntos de vista con independencia de cuántos políticos católicos atiendan a su llamado.
En el documento se lanza un ¡Alerta!, sobre los peligros del relativismo. Por ello, conviene recordar que se entiende por tal, como corriente filosófica. Y al respecto, la Real Academia nos dice lo siguiente:
“Doctrina según la cual la realidad carece de sustrato permanente y consiste en la relación de los fenómenos”.
Podríamos decir entonces, que a la luz de este concepto, la realidad es cambiante y está íntimamente relacionada con los fenómenos sociales y políticos de una comunidad determinada en una época concreta.
Contra esto está la Iglesia por estimar que la moral es una, eterna e inmutable.
Sin embargo, al dejar que los políticos católicos y en especial los legisladores católicos, actúen en conciencia, a su libre albedrío los coloca en la tesitura de sortear dos corrientes antagónicas e irreconciliables. Una, la que pregona la inmutabilidad de los principios morales; y otra, la que los impulsa a responder a los fenómenos y concepciones morales del momento en que legislan.
El legislador legisla para ésta y las futuras generaciones. Para hoy y para las próxima décadas. ¿Cómo sujetar entonces su actuar a principios que aunque considerados por la Iglesia como inmutables, frente a la realidad de los seres humanos, unidos en una cierta comunidad, sí lo son?
Pongámoslo en un ejemplo muy claro en el que se relacionan dos tipos de normas: las morales y las que dictan los convencionalismos sociales.
A principios del siglo pasado era inmoral y muy mal visto desde el punto de vista social que una mujer usara faldas cortas y pronunciados escotes.
Pero llegó la minifalda y no fue mal visto que la mujer hiciera uso de esa prenda que nació a la moda para evitar el pago de cierto impuesto dictado en Inglaterra, por cierto, la tierra de santo Tomás Moro, patrono de los políticos.
¿Ese paso de lo moral a lo inmoral (si se juzga a la luz de los conceptos del siglo pasado), no revela una mutación?
En conciencia, ¿podrían los legisladores actualmente prohibir el uso de la minifalda y los escotes pronunciados?
¿Podrían hacerlo para evitar que se produjeran los anticonceptivos?
¿Se podría decir que porque en la legislación se prohíbe la clonación de seres humanos, los investigadores van a detener sus investigaciones?
¿Podría un legislador católico aplicar los principios de esa guía vaticana, suponiendo que ellos fueran en contra de lo que quieren sus electores?
¿A quién debe atender un legislador? ¿A la Iglesia que pertenece o a sus electores?
La Iglesia no puede penetrar la intimidad de la conciencia y la razón, pues como en el citado documento se sostiene, cada hombre, cada ser humano, cada político católico queda en libertad de actuar según los dictados de su conciencia.
Coincido con Marx cuando sostiene que las iglesias y el sentimiento religioso son dos cosas distintas. “Las primeras son superestructuras sociales, el segundo es una inclinación de las conciencias”.
Lamentablemente, creo que en esto, como en otras cosas, la Iglesia Católica se desfasa de la realidad y se coloca en el mundo de la idealidad, pues tengo para mí que pocos, muy pocos atenderán sus indicaciones. La mayoría, si acaso se toma la molestia de estudiar el documento, se acogerá al beneficio de actuar en conciencia, como así lo admite la guía que seguramente servirá sólo para aderezar interesantes disquisiciones filosóficas. Pero nada más.