Ediles de oposición piden analizar a fondo el rsultado , pues consideran que se han confirmado irregularidades
Gómez Palacio, Dgo.- Toda una polémica desató entre los regidores la lectura de algunos de los resultados de la auditoría que el despacho contable “Barrios Cázares y Asociados”, practicó a la administración municipal de septiembre de 2001 al último día de agosto de 2002.
Mientras los regidores priístas coincidieron en aplaudir la determinación de la Alcaldesa por hacer públicas las conclusiones, ediles de oposición dijeron que era necesario analizarlas a fondo, pues consideraron que se habían confirmado irregularidades en las áreas de Tesorería y de Patrimonio y Adquisiciones que deben corregirse.
En un principio, la presidenta municipal Leticia Herrera de Lozano, dijo que había sido una decisión suya, unilateral, el contratar al despacho contable para realizar la auditoría externa; después, ante los medios de comunicación, reconoció que el costo de la revisión sería cubierto con recursos municipales, aunque dijo desconocer el monto que representará.
Durante la mención de asuntos generales, Herrera de Lozano anunció ante los regidores, medios de comunicación y asistentes a la sesión ordinaria que se darían a conocer los resultados de la auditoría, a diferencia de la pasada administración en que también se tuvo una intervención externa y no se había informado de las conclusiones.
Por más de una hora, Rogelio Barrios Cázares, el contador responsable del despacho leyó el contenido de cada una de las irregularidades, junto con sus respectivas sugerencias, que fueron detectadas en el manejo de programas, gastos, captación de ingresos, trámites y hasta en la presentación de documentos y el Registro Federal de Contribuyentes, el cual aparecía equivocado en una mayor parte de los trámites fiscales que fueron revisados.
Gran parte de las observaciones se abocaron al funcionamiento de la Tesorería Municipal, y aunque la Alcaldesa consideró prudente que el encargado del área ahí presente, Carlos García González hiciera las aclaraciones necesarias, el regidor panista Julio Castañeda Castañeda dijo que por respeto a la formalidad de la sesión, se programara otra reunión con el funcionario para conocer sus puntos de vista.
Debido a que la sesión ya se había prolongado dos horas, el contador ya no le dio lectura a los anexos de las conclusiones, que era el detalle de cada una de las observaciones basado en documentos o listas de gastos e ingresos.
Tras escuchar el contenido, la discusión de los regidores del PRI se concentró en cuestionar porqué un hotel propiedad de la Alcaldesa figuraba como proveedor del municipio, por lo que el síndico municipal, Manuel Solís, propuso someter a votación que la Tesorería continuara contratando los servicios de esa empresa.
Julio Castañeda solicitó que la Comisión de Hacienda, de la cual forma parte, se reuniera posteriormente para analizar el contenido de la auditoría, pero el priísta Rigoberto Flores Ochoa rechazó la propuesta y consideró que únicamente trataba de politizar.
Flores Ochoa afirmó que la Alcaldesa no tenía ninguna obligación de dar a conocer esa auditoría y que por lo tanto no había nada qué analizar; por el contrario, se mostró agradecido con que se les haya informado de los resultados.
Al aplauso de tal acción se sumaron Isenia Galván Domínguez, Javier Ponce, Manuel Solís y hasta el perredista Lucio Álvarez Chacón.
Al terminar su exposición, Rogelio Barrios Cázares se negó a ser abordado por los representantes de los medios de comunicación, alegando que los resultados ya habían sido expuestos.
Leticia Herrera de Lozano dijo que lo único que le interesaba era transparentar el manejo de la administración y que había sido su decisión contratar la auditoría para conocer el estado de las finanzas.
Consideró que los señalamientos no eran graves y que sería el tesorero, Carlos García González quien se encargará de atenderlos.
“Vamos a estar encima de quien se tenga que estar”, dijo respecto a la forma en que se vigilará que se acaten las sugerencias del despacho contable, a la vez que se comprometió a proporcionar una copia del documento a los regidores.
Cuestionamiento
El regidor panista Julio Castañeda dijo que mientras no se tengan a la mano y conozcan a detalle los resultados de la auditoría, seguirá cuestionándose el manejo de las finanzas municipales, pues lo conocido ayer fueron algunos aspectos aislados que muestran irregularidades en el funcionamiento de la Tesorería y la Dirección de Patrimonio y Adquisiciones, principalmente.
Consideró que al hacer públicos los resultados de esa revisión, la auditoría que en un principio fue practicada por iniciativa personal de la Alcaldesa pierde ese carácter, sobre todo si su costo será cubierto con recursos municipales, por lo que es obligación de los miembros del Ayuntamiento demandar elementos para hacer un análisis y hacer que las direcciones encargadas corrijan las deficiencias.
“Sólo conocimos lo que se nos permitió conocer y faltó mucho contenido por mencionar... ahora sólo vamos a esperar si existe la voluntad suficiente para hacer público lo que debe ser público y esperar la entrega de una copia con los resultados de esa auditoría”, expresó.
Castañeda dijo que someter a la aprobación del Cabildo que un hotel siga siendo proveedor de sus servicios al municipio, constituye una improcedencia tomando en cuenta que existe una lista de proveedores sobre la que el Ayuntamiento no tiene facultades para decidir.
Consideró este hecho como una discusión intrascendente y poco seria que sólo sirvió para distraer, intencionalmente, la atención de los asuntos realmente importantes, como el hecho de que se hayan realizado algunas compras con licitaciones posteriores, la existencia de cheques expedidos por la Tesorería que no se hicieron efectivos y que desde la pasada administración no han sido cancelados, entre otras irregularidades.
Recordó que al comenzar la administración, los panistas rechazaron que Carlos García González fuera ratificado como tesorero, y que los señalamientos de la auditoría coinciden con los hechos por esa fracción en el transcurso del periodo municipal.
¿IRREGULARIDADES O SEÑALAMIENTOS?
El despacho contable “Barrios Cázares y Asociados” dio a conocer los resultados de la auditoría que practicó a la administración municipal de Gómez Palacio, del primero de septiembre de 2001 al último día de agosto de 2002. Entre las principales observaciones destacan:
· Las modificaciones a la Ley de Ingresos de 2002 fueron reconocidas y se turnaron a la aprobación del Cabildo el 23 de octubre de este año, a pesar de que éstas fueron dadas a conocer por el gobierno estatal meses atrás (el 31 de enero las correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Municipal; el 21 de febrero los cambios en las participaciones federales y el 6 de junio los ajustes al Fondo de Infraestructura Social Municipal).
· Por “traspapeleo” no se encontraron en la dependencia respectiva las declaraciones de operaciones relacionadas con el pago de Impuesto de Traslado de Dominio, tales como compra venta, decomisos y adjudicaciones de bienes inmuebles.
· Cobros menores a los fijados en tarifas por el arrastre de vehículos y el movimiento de ganado, por lo cual se dejaron de recaudar cerca de seis mil pesos en ese periodo.
· Aplicación de descuentos por el pago anticipado del refrendo de licencias de funcionamiento a las dos principales compañías cerveceras que operan en el municipio.
· Ingresos menores a los gastos en salarios que generan algunas áreas del municipio, entre las que destacan la Unidad Deportiva “Choque Galindo”, el Gimnasio Municipal “Luis L. Vargas”, el rastro y el panteón.
· Egresos superiores, con una diferencia de 12 millones de pesos, a los originalmente presupuestados en 2002.
· Se detectó ejecución de mala calidad en siete obras (sin especificar cuáles) cuya reparación costaría 120 mil pesos al municipio; en dichos expedientes hubo faltantes de documentación de soporte y se detectó mala supervisión en el desarrollo de los trabajos.
· El 87 por ciento de los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal se destinaron a propósitos distintos para los que está diseñado el programa, que es la seguridad pública, pues el 66 por ciento se destinó a la nómina, el 14 por ciento a gastos generales y un siete por ciento a subsidios del DIF.
· No se incluyen las compensaciones al personal en la cobertura del Impuesto Sobre la Renta.
· Existen gastos por comprobar por más de 460 mil pesos, que corresponden a adeudos de funcionarios de la pasada administración.
Fuente: Investigación El Siglo de Torreón.