“La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro”. Goethe
El Partido Acción Nacional ha anunciado en desplegados periodísticos su agenda legislativa para la 59 legislatura que empezará el próximo 1 de septiembre. La decisión es sensata: los ciudadanos tenemos derecho a saber qué piensan hacer los legisladores.
Hubiera sido más sano, es verdad, si esta agenda se hubiese hecho explícita, con la claridad de hoy, en la campaña electoral, ya que la agenda debería ser la tarjeta de presentación de cualquier político que quiera un cargo de elección popular. Pero es mejor tarde que nunca.
En el campo de lo político, el PAN está proponiendo reducir el número de diputados y senadores (la reducción afectará a los de representación proporcional). Busca también un “control ciudadano sobre los legisladores y alcaldes, para que los buenos gobernantes permanezcan en sus cargos”, lo cual, traducido al español, significa que el PAN va a impulsar la reelección de legisladores y presidentes municipales (no lo dice claramente porque la medida es impopular). El PAN quiere también recortar los recursos públicos de los partidos y disminuir el tiempo de las campañas. En materia económica Acción Nacional insiste en tres reformas cruciales: la hacendaria, la laboral y la energética.
En el campo de lo social propone el seguro popular, la banca social, un padrón único de beneficiarios de programas gubernamentales, la entrega de recursos federales por medio de los bancos y el impulso al campo.
En principio estas propuestas parecen razonables. Planteadas así, en abstracto, los legisladores de los demás partidos políticos estarían dispuestos a comprar todo el paquete. El problema está en los detalles. La reforma hacendaria es un caso en cuestión. Todos los legisladores están conscientes de que el Gobierno no puede cumplir con sus promesas de aumentar el gasto social si sigue recaudando tan poco dinero de los contribuyentes. Pero en la legislatura anterior el PAN respaldó la propuesta del presidente Fox de aumentar la recaudación generalizando el IVA del 15 por ciento a medicinas y alimentos. Es ahí, en el detalle, donde surge la oposición del PRI y del PRD. Habrá que ver qué propuesta nueva se plantea que permita, efectivamente, aumentar la recaudación pero sin generalizar el IVA al 15 por ciento y sin seguir aumentando la carga fiscal de los contribuyentes cautivos que ya soportan todo el peso del Estado mexicano.
La reforma energética ha sido discutida ya de manera muy intensa en los últimos meses. El PAN respalda la propuesta presidencial, que implicaría permitir constitucionalmente la inversión privada en generación, aunque sin privatizar las actuales instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.
El PRD se opone abiertamente, pero el PRI está dividido: algunos priistas reconocen la necesidad de permitir la inversión privada en electricidad mientras que otros se niegan a aceptar cualquier cambio a la actual letra de la Constitución. El PAN es, por supuesto, el partido del Gobierno y tiene un enorme interés en lograr reformas que permitan un avance al régimen de Vicente Fox. El PRI y el PRD deberían compartir el interés en lograr por lo menos algunas de estas reformas, porque sus candidatos podrían llegar a la Presidencia de la República en el 2006 y les conviene que las reformas necesarias se llevan a cabo ahora. No deja de ser interesante que Luiz Inácio Lula da Silva está teniendo que realizar hoy, como presidente de Brasil, algunas de las reformas -como la de pensiones— a las que se opuso cuando era dirigente de la oposición.
Para los mexicanos, sin embargo, no hay duda. México necesita reformas que fortalezcan la función social del Estado pero que disminuyan el peso de los monopolios gubernamentales, que aumenten la recaudación pero que mejoren el gasto público, que premien a los políticos que mejor trabajo realicen y que descarten a los demás, que flexibilicen el mercado laboral para aumentar la creación de puestos de trabajo y que promuevan la inversión.
La agenda del PAN podría ayudar. Lo importante, sin embargo, no está ya en el qué sino en el cómo. México tiene muchísimas leyes que deberían garantizar que nuestro país fuese uno de los más justos y prósperos del mundo. Pero la prosperidad no se construye a base de buenas intenciones.
Rosario
Por vía telefónica Rosario Robles me niega absolutamente que durante su gestión como presidenta del PRD haya habido transacciones con las empresas de Carlos Ahumada. “Las auditorías que yo misma pedí -dice- aclararán todas estas falsedades”. Niega también que el “fuego amigo” en su contra haya provenido de Andrés Manuel López Obrador.
Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com