El conflicto que se generó entre el ayuntamiento presidido por el alcalde Guillermo Anaya y algunos concesionarios del servicio de taxis, ha ido cambiando, pues se desplazó desde las presiones al través de bloqueos y actitudes retadoras, hasta las pláticas tranquilas y a puerta cerrada. Pero ahora resulta que son los concesionarios los que dicen defender a los usuarios y la autoridad la que los quiere perjudicar.
Así se desprende de las declaraciones hechas por Ricardo Garay, líder de los taxistas que operan los llamados “Radio taxis amarillos”, pues de acuerdo con su dicho, no es un capricho dejar de utilizar el taxímetro, sólo que “mientras no ajusten las tarifas de acuerdo con las necesidades de los usuarios, lo sentimos mucho pero no lo vamos a prender” y de esa absurda forma se erigió a un mismo tiempo en defensor de los usuarios y juzgador de las decisiones municipales.
El ayuntamiento es el autorizado para representar y defender los intereses de los usuarios del transporte concesionado y a la vez es quien dicta las normas que lo rigen, de manera tal que si alguna falla o imprecisión se presenta en sus determinaciones, es el mismo ayuntamiento el que debe hacer los ajustes que se requieran para que sus disposiciones operen. Pero de ninguna forma los particulares a quienes éstas van dirigidas.
Visto está que es a todas luces caprichosa y convenenciera la posición adoptada por los concesionarios, así como falsa la actitud que asumen. Porque pretenden jugar con la autoridad, los usuarios y hasta con los medios de comunicación a quienes convocan para que difundan sus demandas y rechazan cuando buscan llegar a acuerdos con la autoridad a espaldas de la ciudadanía a la que ellos dicen defender y a la que la autoridad se debe.