AP
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral dijo ayer que la derogación de un decreto que protegía a ex militares allana el camino para la extradición de los 46 ex represores reclamados por España, de los cuales 15 ya se encuentran detenidos.
“Este decreto establecía un rechazo automático a todo pedido de extradición por crímenes cometidos en el país. Su derogación va a permitir llevar adelante la extradición”, dijo el magistrado a la AP.
Horas antes, el ministro de Justicia Gustavo Beliz había anunciado la derogación de un decreto firmado en 2001 por el entonces presidente Fernando De la Rúa que impedía la extradición de ex militares acusados en el exterior por crímenes durante la dictadura de 1976 a 1983, en la que según grupos de derechos humanos desaparecieron 30,000 personas.
La medida del presidente Néstor Kirchner abre las puertas al reclamo del juez español Baltasar Garzón, que busca juzgar en su país a 46 ex represores argentinos por genocidio, tortura y terrorismo durante el régimen de facto.
Canicoba Corral indicó que 15 de esos 46 ex represores solicitados por Garzón —entre los que se cuentan los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, y el ex capitán de navío Alfredo Astiz— ya se encuentran bajo arresto.
“Unos 15 de los solicitados ya están detenidos”, dijo el magistrado.
“Todos permanecerán en dependencias militares a disposición del juzgado y después iré resolviendo el arresto domiciliario si cada caso lo amerita y se cumplen los requisitos que exige la ley (ser mayor de 70 años o tener problemas de salud). Pero ya he negado todos los pedidos de excarcelación”, agregó.
Los imputados serán detenidos en unidades militares, con excepción de aquellos que actualmente cumplen arresto domiciliario —como Videla y Massera—, que continuarán con ese régimen.
Varios de los ex militares requeridos por Garzón están bajo arresto domiciliario por el robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención, mientras otros se beneficiaron con dos leyes exculpatorias sancionadas en los ochenta y con el indulto del presidente Carlos Menem en 1990.
Hasta ahora todos los pedidos de extradición —que también han elevado Francia, Suecia e Italia— habían chocado contra el decreto de De la Rúa.