Mi columna de la semana pasada (“Conflictos de interés. ¿Conspiración?”) ha provocado respuestas y silencios, que regreso al tema a partir de la pregunta de un lector: ¿Hasta dónde debemos llegar en la investigación sobre los abusos del pasado? Sostengo que conocer el lado oscuro de nuestra historia puede ser extremadamente útil en la construcción de un futuro mejor.
El tránsito de un régimen autoritario a uno democrático viene acompañado de un dilema: ¿Qué hacer con los excesos cometidos por el gobierno previo? Cada país opta por soluciones diferentes que serán aceptables en tanto sean tolerables para las víctimas. Durante su transición los españoles, por ejemplo, optaron por un borrón y cuenta nueva porque los “rojos” y los “blancos”, o sus herederos, entendieron que ambos habían cometido barbaridades y que la aprobación de una nueva Constitución exigía una buena dosis de olvido. El acuerdo subsistió hasta que hace relativamente poco las víctimas empezaron a exigir información. De esa y otras experiencias vividas se desprende una moraleja: Es legítimo que los agraviados exijan y obtengan verdad y, de ser posible, justicia. Entre las características de las democracias está el que las minorías hagan peticiones y obtengan respuesta.
En México hay un sector de la población que espera aclaraciones sobre lo que sucedió en el pasado y sigue esperando que se castigue a quienes violaron la ley. Como candidato Vicente Fox se comprometió a crear una Comisión de la Verdad. Ya luego haciéndose el remolón terminó por crear una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que encabeza Ignacio Carrillo Prieto y que depende de la Procuraduría General de la República.
La Fiscalía ha hecho un trabajo razonablemente bueno pese a que enfrenta obstáculos bien serios porque la PGR no la apoya, tal vez porque el actual procurador Rafael Macedo de la Concha tiene serios conflictos de interés que documenté en la columna de la semana pasada y que no han sido refutados o esclarecidos. La respuesta han sido medias verdades y reivindicaciones de inocencia.
Si insisto es porque sirve al interés nacional combatir la impunidad y eso requiere entender la lógica y los detalles con los que funcionó la represión del pasado. México es un país agobiado por la inseguridad y existe una corriente de opinión muy fuerte convencida de que la solución está en endurecer las penas a quienes delinquen. Medidas de ese tipo fracasarán si no se mejora simultáneamente la eficacia y la honestidad de los policías. Y ello requiere conocer en detalle el historial de quienes están al mando de las corporaciones.
Las gravísimas violaciones a los derechos humanos de hace unos años tuvieron una lógica y un método que incluía poderosísimas redes de impunidad que sobreviven hasta nuestros días y que son una de las razones tras la inseguridad. Una parte de quienes formaron parte de hermandades como la Dirección Federal de Seguridad, u otros grupos igualmente temibles aunque menos conocidos, continúan activos. Trabajan en corporaciones policíacas de estados y municipios. Algunos de ellos mantuvieron su cercanía con los cárteles del crimen organizado que aterrorizan a regiones enteras con secuestros, asaltos y ejecuciones. Conocer con detalle el pasado nos permitiría detectar a quienes lastiman la seguridad en lugar de defenderla.
Información precisa sobre el pasado también permitiría aclarar el resbaladizo tema de las responsabilidades. El Fiscal Especial pidió a un juez regiomontano órdenes de aprehensión contra Luis De la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. Fracasó y ahora está apelando para lo cual enfrenta dificultades jurídicas absolutamente monumentales. Pero independientemente del desenlace jurídico que tengan los empeños de Carrillo Prieto, falta por esclarecer la identidad de los funcionarios de mayor jerarquía que dieron las órdenes a Nazar y De la Barreda. También debemos saber con base en qué elementos tomaron esa decisión. No basta con saber la identidad del verdugo que torturó o disparó el tiro de gracia; tenemos que aclarar cuál fue el funcionario que dio la orden con pleno discernimiento del bien y el mal. En 1978 estaba en pleno apogeo la Guerra Sucia. En aquel año el actual procurador, general Rafael Macedo de la Concha, era el enlace (¿o uno de los enlaces?) que la Secretaría de la Defensa tenía con la siniestra Gobernación. Macedo insiste en que sus funciones eran de carácter administrativo y jurídico, pero sigue guardando silencio sobre el tipo de trabajo que hacía pese a existir documentos que demuestran que los vehículos que le asignaron pertenecían a la oficina del subsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios de quien, no lo olvidemos, dependía la máquina represiva.
Ante la información divulgada el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, salió al ruedo el domingo pasado para aclarar que la dependencia a su cargo no investiga al procurador y que “A don Rafael Macedo de la Concha, hombre limpio, hombre de ejecutoria impecable, su pasado lo avala”. ¿Cómo puede Carrillo Prieto exonerar con tanta vehemencia a quien nunca ha investigado? Uno de los aspectos menos conocidos de aquel trágico período eran las formas que tenía la colaboración entre fuerzas armadas y agentes de Gobernación. En los silencios, evasiones y justificaciones del procurador y el fiscal reaparece la conocida práctica de negar la información y construir una versión de la historia al gusto del poderoso. Se les olvida que en un régimen democrático salen a la luz datos desagradables y que muchos de los que ahora son héroes pueden terminar siendo villanos, que pueden revelarse complicidades antes impensables y que, también es justo agregar, que algunos de quienes posaron como víctimas pueden haber sido agentes infiltrados.
Es absolutamente normal porque como escribiera el historiador Luis González, “Las fallas de los héroes son tan provechosas como sus grandes aciertos. Lo único indudablemente dañoso es el escamoteo de la verdad histórica”. Es en verdad trágico que tengan conflictos de interés quienes recibieron el encargo de averiguar la verdad y castigar a los responsables. Está en entredicho el compromiso del gobierno de Vicente Fox con la verdad y la justicia. Pareciera como si en la práctica se estuviera concediendo una amnistía frente a los delitos cometidos en el pasado. De ser eso el caso, están errando el camino y manteniendo abiertas las heridas que el autoritarismo dejó en algunos sectores de la población.
En la introducción al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, el obispo Desmond Tutu, escribió que no puede haber “Curación sin verdad” y que “La reconciliación basada en la falsedad, o en no enfrentar la realidad, no es verdadera y no durará”. Es posible que en México estemos ante una amnistía sigilosa; lo que nunca lograrán imponer es una amnesia universal.
La miscelánea
Hay aspectos en los que sí se está haciendo justicia. Julio Scherer García acaba de recibir el Premio Nacional de Periodismo 2002 en su categoría de trayectoria periodística. Don Julio ejemplifica a la lucha permanente contra la impunidad y el olvido. Lo demostró en Excélsior, lo ratificó en Proceso y lo remachó con su obra escrita. Enhorabuena... Añado una nota luctuosa y envío mi afecto a las familias de Lorena Gallegos Hernández e Ivonne Bautista Duarte, las jóvenes candidatas de México Posible que fallecieron en un accidente automovilístico en Hidalgo.
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