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MÉXICO, D. F.- El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Moreno Bastida, confirmó que esa instancia ampliará unos días el plazo para tener listo el dictamen con la resolución de la solicitud de desafuero de los legisladores líderes petroleros involucrados en el caso Pemex.
Al cumplirse ayer el plazo legal para tener listo el dictamen de la primera solicitud de la PGR en relación con Carlos Romero Deschamps, Ricardo Moreno Bastida y Jesús Olvera, legisladores del PRI acusados de peculado y uso de indebido de atribuciones, se anunció que “por razones de procesamiento” no se concluyó.
En rueda de prensa, Moreno Bastida expuso que la ampliación del plazo no será obstáculo para que la Sección Instructora resuelva sus tres pendientes -dos del caso Pemex y uno del líder del sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo- en el próximo periodo de sesiones del Congreso que inicia el 15 de marzo.
El legislador del PRD señaló las grandes cargas de trabajo, la dinámica legislativa de diciembre y la suspensión de labores en ese mes como causas del retraso en la labor de la Sección Instructora.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, recordó que el plazo legal para tener listo el dictamen era de 60 días hábiles y existe la posibilidad de ampliarlo. “Debe ampliarse en los casos que no se haya agotado la tramitación del expediente, así pues vamos a ampliarlo”.
Indicó que es mejor emitir dictámenes sólidos aunque se lleven más tiempo que actuar con prisas y emitir resoluciones sin objetividad, con presiones o sin elementos jurídicos adecuados.
Moreno Bastida rechazó que las presiones por parte del PRI para que deje el cargo o las pugnas entre panistas y priistas influyan en el dictamen donde se señalara si procede o no el desafuero de los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
“La Sección Instructora no es ariete ni del gobierno ni de los partidos políticos”, dijo el perredista quien calificó de “estrategia legal” el anuncio de la dirigencia nacional del PRI de solicitar un juicio político en su contra al considerar que su actuación no ha sido imparcial.
El 20 de enero vence el plazo para concluir el dictamen por la segunda acusación contra los legisladores del PRI líderes petroleros, promovida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por la presunta comisión del delito de peculado electoral.