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MÉXICO, DF.- Los berrinches, las luchas políticas y legales, los intentos de desincorporaciones y las inconformidades tuvieron a los reflectores de su lado en 2003. Para unos es ?la sal de la vida?, pero para otros significaron problemas por los que aún tienen que rendir cuentas.
Ésta es la segunda y última entrega de los casos que provocaron polémica en el año que termina y que como consecuencia ocuparon más espacio en los medios informativos.
Conaculta vs. Diazmuñoz
Después de cinco años de un proceso legal, el director de la Orquesta de Baja California, Eduardo Diazmuñoz logró probar su inocencia ante un tribunal laboral, por las acusaciones de infringir la Ley de Servidores Públicos ante la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
La resolución estipulaba que el Conaculta, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debería restituirlo en su cargo y pagarle el monto de sus salarios y prestaciones de las que se vio privado, suma que, según el abogado del músico, asciende a tres millones de pesos.
Su despido, sostiene el director de orquesta, se debió a ?un complot o a un capricho que había que cumplir a toda costa?, pues la Contraloría pasó por alto las pruebas de la defensa, donde se explicaba que la contratación de sus familiares se dio antes de que Conaculta incorporara a las asociaciones civiles Orquesta Juvenil Mexicana, AC, y Conjunto Cultural Ollin Yoliztli, en noviembre de 1996.
Luego de considerar que el Conaculta no cumplió con la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de restituirlo en su cargo como director de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, del Sistema Nacional de Fomento Musical y del Centro Cultural Ollin Yoliztli, antes del primero de agosto, el abogado Jorge Raúl Muñozcano, informó que se presentaría una queja fiscal por incumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Así como también se llevaría a cabo una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra Sari Bermúdez, Antonio Hernández Brito y los que resulten responsables, por simulación de actos jurídicos y delitos cometidos por servidores públicos; y una queja administrativa ante la Secretaría de la Función Pública, a fin de que se inicie un procedimiento por posibles conductas sancionadas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Diazmuñoz ha declarado que actuará ?hasta las últimas consecuencias?, pero tendrá que esperar hasta el siguiente año porque ha iniciado un nuevo proceso legal que ni él mismo sabe cuánto tiempo pueda prolongarse.