De los 17 gobiernos municipales que aún no han solventado al 100 por ciento el pliego de observaciones que la Entidad Superior de Auditoría hizo a sus respectivas cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal del 2002, Cuencamé, Nazas, Tlahualilo e Indé están en el umbral de que se les finquen responsabilidades e inicie juicio penal, por afectación al patrimonio público.
De acuerdo con el informe que recibió la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LXII legislatura, que preside Gabino Rutiaga Fierro, hasta el 17 de noviembre pasado, el gobierno al que ya se le aplicó un ?crédito fiscal? por 100 mil pesos fue al del municipio de Indé. De no subsanar tal irregularidad, se fincarán las responsabilidades y empezará el procedimiento jurídico con la denuncia penal correspondiente.
El hecho de que se turne a la Secretaría de Finanzas del Estado la aplicación de un crédito fiscal a un gobierno municipal, significa que tales recursos se utilizarán para subsanar el daño al patrimonio municipal. Pero además que, en el caso de Indé, los 100 mil pesos se duplicarán, y deberán resarcirlos el o los responsables; de lo contrario, se procede conforme a lo que establece la ley en materia penal.
Y a decir del diputado Rutiaga, según el informe de la Entidad de Auditoría, el Alcalde de Indé no subsanó en tiempo y forma las observaciones, y de manera específica lo que se refiere la comprobación del gasto de los 100 mil pesos, por lo que ya está en la etapa de crédito fiscal, y a punto de que se empiece el fincamiento de responsabilidades.
Los otros tres municipios, Cuencamé, Nazas y Tlahualilo, aún tienen oportunidad de solventar al 100 por ciento las observaciones que no han cubierto en las etapas anteriores.
En el caso de Nazas, incluye al ex alcalde Gerardo Castillo y a Benito Gutiérrez el actual, mientras que el de Tlahualilo es de enero a julio del 2002, que presidió Francisca Niño, a quien se le hizo la notificación por edicto, al no encontrársele físicamente disponible.
Otro de los que no han respondido a las notificaciones es José Luis Galindo, ex alcalde de Nazas, y quien deberá responder de la cuenta pública de enero a julio del 2002, junto con su tesorero, síndico y titular de obras públicas. En tal situación, de rebasarse los tiempos establecidos, también está en riesgo de que se le inicie el fincamiento de responsabilidades penales, señaló el legislador.
Explicó que de acuerdo con el informe que recibieron del organismo de fiscalización, del 5 de noviembre al 3 de diciembre, se citó a comparecer a los representantes de los gobiernos municipales de San Luis del Cordero, Simón Bolívar, Lerdo, Mezquital, Canelas, Tamazula, San Dimas, Topia, Rodeo y Súchil, a fin de darles oportunidad de que solventen el 100 por ciento de las observaciones. Los que no lo hagan se les sujetará al trámite legal.
Con relación a los municipios que solventaron al 100 por ciento las observaciones, señaló que hubo apercibimientos contra algunos de ellos, de tal forma que haya el antecedente de sanciones y en lo futuro eviten incurrir en tales anomalías.
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El titular de la Entidad Superior de Auditoría, Daniel Rueda, dijo que el objetivo es terminar el procedimiento de solventación de las cuentas públicas del 2002 antes de que termine este año, y solamente dejar aquellos casos en que los gobiernos municipales no hayan podido subsanar el pliego de observaciones.
Dijo que la situación de un gobierno municipal puede cambiar de un día para otro; por ejemplo, si está en etapa de comparecer para subsanar observaciones que no haya solventado en la primera fase, puede presentar los documentos comprobatorios para hacerlo, y quedar libre de responsabilidades.